Las sentencias de los juzgados de Madrid que, siguiendo lo indicado por el Tribunal Supremo, acaban de decidir que Puigdemont, Comín y Ponsatí -los tres fugados de la Justicia- podrán presentarse a los comicios europeos desmienten una vez más rotundamente las fantásticas mentiras que van contando por ahí, desde hace años, y que cuentan a diario por aquí, separatistas, podemitas y arrimados políticos de pelaje diferente: el español no es un sistema democrático de baja calidad sino, muy por el contrario, uno de los más avanzados del planeta, como apuntan instituciones y organizaciones internacionales de altísimo prestigio.
En España disfrutamos de un Estado democrático de derecho, donde rigen el principio del imperio de la ley -el mismo que Puigdemont, Comín y Ponsatí, entre otros muchos, violaron flagrantemente con su insurrección en Cataluña- y el de la independencia judicial. Han sido de hecho esos principios los que han determinado las resoluciones judiciales que permitirán que se produzca lo que es desde cualquier otro punto de vista un auténtico dislate: que tres políticos huidos de España para sustraerse de la acción de la Justicia puedan ser candidatos electorales en España.
Personalmente, y como jurista, creo que los juzgados de lo contencioso de Madrid han aplicado la ley correctamente, que es lo que todos esperamos que suceda en un Estado de derecho. No tengo tampoco, en cualquier caso, duda alguna de que tal aplicación ha conducido a un resultado tan disparatado que la legislación ahora vigente debe ser reformada para evitar que el bochornoso espectáculo al que vamos a asistir pueda volver a repetirse. Sería para ello suficiente con modificar la ley electoral, incluyendo en ella como causa de inelegibilidad el haberse dado a la fuga para eludir la acción de los tribunales de justicia.
La ley permite y debe permitir que personas procesadas puedan concurrir a elecciones por la sencillísima razón de que quien aun no ha sido condenado goza de la presunción de inocencia a su favor. Tal situación -la del procesado que, aceptando la legalidad, se somete voluntariamente a la acción de la Justicia- resulta completamente incomparable, sin embargo, con la de quien, rompiendo todas las reglas del juego, opta por fugarse para no tener que enfrentarse a un proceso público y con todas las garantías procesales, en el que podrá defenderse, si fueran infundadas, de las acusaciones formuladas contra él.
Amparados en las leyes de una democracia que desprecian, Puigdemont, Comín y Ponsatí harán escarnio del principio más elemental que debe presidir un régimen democrático: que quien aspira a representar a los ciudadanos debe jugar dentro del sistema y respetando sus reglas de un modo escrupuloso. La legislación se lo permite, pero esa posibilidad supone tal escándalo que las nuevas Cortes deberían de inmediato legislar para prohibirlo. ¡De inmediato!