Son muchas las familias de niños y jóvenes que pueden contar la sensación de impotencia y abandono que sufren cuando han tenido que enfrentarse a esta realidad. Las idas y vueltas recorridas empiezan con los problemas de aprendizaje, fracaso escolar y aislamiento, siguen las conductas disruptivas y disociales. Así, en no pocas ocasiones nos encontramos con jóvenes infractores -que no delincuentes- que acaban recorriendo los pasillos judiciales. Las consecuencias de esta realidad interpelan a juzgados y tribunales, porque hay que intervenir y porque hay que hacerlo desde una Justicia terapéutica.
El TDAH es un trastorno de alto riesgo con un elevado grado de comorbilidad psiquiátrica, causa sufrimiento a quienes lo padecen y no se limita a la infancia, ya que evoluciona a lo largo de la vida. Debemos buscar cada día un Derecho más humano, entender el sistema legal y de justicia con otros ojos y siempre de manera incluyente. La aplicación de la ley y los procesos legales deben centrarse en el lado humano, emocional y psicológico para promover el bienestar de las personas en las que impacta, y para ello es ineludible la implementación efectiva del sistema sanitario en nuestro ámbito judicial. Cuando una resolución judicial determina que es lo que hay que hacer con estas problemáticas legales que deben ser abordadas desde la salud mental, es el sanitario el que puede decir dónde y cómo debe hacerse, de tal forma que produzca efectos verdaderamente rehabilitadores y terapéuticos. Esta Justicia terapéutica es la que se intenta seguir y aplicar por una gran parte de nuestros operadores jurídicos, pero desde la limitación de los medios de que disponen no siempre permite los resultados positivos deseados.
Ahora que estamos ante una llamada electoral no puedo dejar de pensar que esta perspectiva terapéutica de la Justicia requiere también de muchos más recursos y estamos obligados a exigirlos; el futuro pasa por la colaboración multidisciplinar, la formación constante y los centros terapéuticos específicos para las medidas judiciales alternativas a la prisión.