El juicio sobre el proceso independentista que se celebra en el Tribunal Supremo, televisado en directo como acto de transparencia democrática, sirve para aclarar algunas dudas sobre los hechos acaecidos en Cataluña cuando el Parlament aprobó la declaración de independencia. España abandonó a los catalanes a su suerte en los últimos 30 años. Los gobiernos de Felipe González, Aznar, Zapatero, Rajoy y Sánchez miraron para otro lado cada vez que los españoles de Cataluña denunciaban los abusos de los distintos gobiernos nacionalistas para con ellos hasta el punto de sentirse como pertenecientes a un gueto.
Autorizaron, cedieron y concedieron competencias orientadas a reducir la presencia del Gobierno del Estado en esa comunidad histórica. Permitieron que la educación suprimiera el castellano; consintieron la eliminación de la literatura y la historia de España. Autorizaron la creación de los Mossos d'Esquadra y cerraron los cuarteles del Ejército, de la Policía Nacional y de la Guardia Civil. Transfirieron el ferrocarril de cercanías, las carreteras y la gestión de los puertos del Estado. Consintieron a la Generalitat abrir embajadas en 80 países, dedicadas a preparar la independencia de Cataluña. Miraron para otro lado ante la convocatoria de un referendo de independencia en el 2014. Toleraron la supresión de símbolos, como la bandera y el himno, de todo espacio público. Silenciaron la imposición de un 3 % de recargo en las obras para permitir el enriquecimiento ilícito de las élites nacionalistas y de las familias que llevan gobernando Cataluña desde hace 200 años, acusando de fachas o centralistas a quienes lo denunciaban.
Ante este panorama, un españolito de a pie, ciudadano de Cataluña, termina por concluir que el Gobierno del Estado estaba de acuerdo con la independencia de Cataluña. La dejación de funciones ha sido de tal calado que semeja imposible o muy difícil tarea la de revertir la actual situación.
La creación, de facto, del Estado catalán, la convicción de gran parte de sus ciudadanos de formar parte de un país distinto no se soluciona con dialogar con quien solo está dispuesto a seguir avanzando por el camino de la independencia. En Cataluña conviven dos comunidades: una, mayoritaria, abandonada a su suerte, y otra, minoritaria, que emplea todos los recursos de la Generalitat para callar y someter a la mayoría. En las generales en Cataluña vota el 80 %, y en las municipales el 85 %; pero en las autonómicas, el 55 % ¿Se precisa un dato más clarificador para entender que el 50 % de los catalanes se negó a participar en la lenta construcción de una Administración pública exclusivista, partidaria, identitaria y supremacista. Cuando los indepes catalanes hablan en nombre del pueblo no mienten, solo están reconociendo que para ellos el pueblo catalán lo forman los que votan por ellos, el resto son emigrantes y fuerza de ocupación.
Es urgente la reconstrucción de la memoria histórica, como proceso de destrucción del nacionalismo reaccionario a cambio de construir la verdad. El juicio del procés explica a las claras cómo los ciudadanos catalanes van a tener que resignarse ante la independencia, porque los independentistas seguirán derrochando los ingentes recursos públicos para conseguir mediante la sugestión, la imposición o la subvención que todos terminen por creer el mito del estado catalán, salvo que muchos sigan el camino de Borrell y den la cara, atreviéndose a llamar mentiroso, desinformado e ignorante a un presentador de la televisión alemana para, a continuación, macharse del plató.