Cuando, hace ocho semanas, se abrió el juicio sobre el intento de secesión de Cataluña, el insolente optimismo de procesados y abogados defensores era solo comparable al de quienes habían creído que podrían proclamar una república sin que nuestra democracia reaccionase. Un optimismo, en ambos casos, tan injustificado como incauto.
Le bastó al Estado con aplicar la Constitución para desbaratar aquella república bananera que Puigdemont y compañía concebían como una ínsula Barataria de su insurrección sanchopancista. Y le ha bastado al Estado con que el juicio haya superado su fase inicial de mitin separatista para que la verdad de los hechos resplandezca con absoluta claridad.
¿Que no hubo más violencia que la de los «cuerpos represivos» del Estado? ¿Que el asedio a la Consejería de Economía fue una fiesta, con niños, música y merienda? ¿Que en los colegios electorales ilegales de la jornada del 1 de octubre no existió ni trampa ni cartón? ¿Que los Mossos cumplieron estrictamente la orden judicial de impedir el referendo? Desde hace cuatro semanas, una catarata de testigos, algunos tan cualificados como el jefe de la Brigada de Información en Barcelona, han respondido a esas preguntas de un modo que desbarata la red de patrañas urdida desde el nacionalismo y la Generalitat.
Los actos de violencia -hasta casi un centenar- contra policías, guardias civiles y partidos no nacionalistas fueron continuos desde mediados de septiembre hasta la celebración del referendo ilegal. El acoso a la Consejería de Economía fue de tal violencia que los Mossos -¡mandados por Jordi Sánchez, dirigente de la Asamblea Nacional Catalana!- advirtieron a la Guardia Civil de la situación: «Si salís, os matan». En los colegios electorales, los insurrectos formaron barreras con ancianos y niños para impedir su desalojo y su clausura. Los Mossos no solo incumplieron su deber, sino que trabajaron para que el referendo ilegal pudiera celebrarse, hasta el punto de que hubo 271 comunicados de la policía autonómica informando a los insurrectos de la ubicación de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado en Barcelona.
Por eso, el juicio que comenzó como un paseo para procesados y defensores se les va haciendo un verdadero viacrucis. Los abogados, por supuesto, deben defender a sus patrocinados. Pero, desesperados al ver cómo sus argumentos se escapan como el agua en un cedazo, alguno ha llegado ya al extremo escandaloso de intentar engañar burdamente al tribunal. En la sesión de anteayer, el defensor Jordi Pina trató de demostrar que un Guardia Civil no había sido golpeado el 1 de octubre leyendo ¡parcialmente! su parte de lesiones. Forzado por el testigo afectado a leerlo hasta el final, la doctora que había atendido al guardia detallaba: «Y presenta hematomas en ambos brazos y piernas». Mala cosa cuando una línea de defensa solo puede sostenerse recurriendo a tretas de tahúr.