Cuando Pablo Iglesias reapareció después de su paternidad, recuperó el discurso más duro de sus tiempos iniciales y puso sobre el tapete los que supone enemigos o grandes enemigos de una democracia limpia: las veinte familias que, según él, mangonean los asuntos privados y públicos, los grandes empresarios que contratan a ex presidentes de gobierno, los propietarios de medios de comunicación y las cloacas del Estado. Todos tienen tanto poder que mandan más que el Parlamento, sin haber sido elegidos por nadie. Escuchado aquella tarde, parecía que estaba fabulando sobre los «poderosos» -término que sustituye a «la casta»-y que se había convertido en alumno aventajado de Trump por su denuncia de la prensa.
Lo sigue pareciendo, pero este cronista ha podido saber algo más: Iglesias no habló así en el mitin y después en las televisiones porque le había dado un pronto. Habló así siguiendo la estela marcada por encuestas que su partido encargó. Según ellas, los bancos, las eléctricas, los medios y las cloacas son quienes suscitan más rechazo de los españoles y el líder de Podemos quiere conectar con el sector que piensa así. Estamos, pues, ante un discurso de diseño en busca de unos electores determinados. Iglesias marcha por la senda que le marcan los sondeos.
De todos los poderosos señalados, el único que hasta el momento tuvo continuidad declarativa es el de las cloacas e Iglesias lo quiere explotar al máximo, porque calcula que no habrá nadie en España que esté de acuerdo con el trabajo y la persona del ex comisario Villarejo. Por eso su segunda iniciativa es abrir todas las acciones jurídicas y políticas posibles para terminar con esas prácticas y exigir responsabilidades por las anteriores. Ignoro hasta dónde podrá llegar y si llegará más lejos que el magistrado que indaga la «policía patriótica» en la Audiencia Nacional. La confesión de Villarejo de que sí había investigado a Podemos para impedir su pacto de gobierno con el PSOE o para cortar su crecimiento lo carga de razón, al menos para la denuncia.
Mientras se arman argumentos y pruebas, pongámosles este pórtico: la llamada «policía patriótica» ha sido una aberración que no puede quedar impune si queremos una democracia depurada. Saber que se ha dedicado una parte de la Policía a labores de espionaje de adversarios políticos es una vergüenza que el sistema no puede tolerar sin grave riesgo de deterioro y de pérdida de credibilidad. Si esas investigaciones se hicieron con finalidades partidistas, distan poco o nada de ser comportamientos mafiosos. Y la sociedad tiene derecho a saber si esos comportamientos fueron iniciativa personal de Villarejo o hubo una parte de la Administración del Estado detrás.