El dato es escalofriante. La Guardia Civil y la Policía constatan que más del 80% de los agresores sexuales sobre menores son miembros de la familia o personas muy allegadas a ella.
Abusando de su ascendencia, y de que al menor ni se le pueda pasar por la cabeza que alguien que supuestamente tanto le quiere y protege vaya a abusar de él, estas alimañas cometen uno de los delitos más execrables que contempla nuestro Código Penal.
Hay que destapar estos abusos sexuales y aplicar la ley. Aunque a pocas mentes en su sano juicio se le pueda pasar por la cabeza que unos padres puedan abusar sexualmente de un hijo, si esto ocurre, hay que exigir que se les retire de inmediato la patria potestad y se dicten las correspondientes órdenes de alejamiento. El artículo 180 del Código Penal recoge hasta penas de 15 años de prisión por estas agresiones sexuales con el agravante de parentesco y la única manera de que esto se sepa es poniéndolo en conocimiento de las autoridades.
Como los menores en la mayoría de los casos se ven, por razones obvias, imposibilitados para hacerlo, que terceras personas lo hagan por ellos. Bien podrían ser otros familiares, educadores y vecinos, contra los que la ley puede caer con todo su peso por haber cometido un delito si no ponen los hechos en conocimiento de la justicia. Lo lógico es pensar que las víctimas solo efectuarán la denuncia cuando empiecen a ser conscientes de cómo sus familiares más próximos los han utilizado.
Todos tenemos una responsabilidad para terminar con esta terrible lacra.