Sencillamente no es verdad que los gobiernos que han precedido al que hoy preside Pedro Sánchez hayan, como el actual, utilizado su poder de aprobar decretos-ley durante el período que media entre la disolución de las cámaras y la celebración de las elecciones generales para, en un desvergonzado juego de ventaja, tratar de ganar las elecciones. No: no es verdad, sino una burda falsedad, que todos los Gobiernos de España se hayan comportado en el pasado con el grado de oportunista desfachatez con el que sin el más mínimo rubor por parte de todos sus miembros lo está haciendo el actual.
En las cuatro décadas transcurridas entre 1979, cuando se constituyó la primera Diputación Permanente del Congreso entre elecciones, y este 2019, se aprobaron en España 39 decretos-ley: seis del Gobierno de Suárez, nueve del de Calvo Sotelo, 16 del de González, uno del de Aznar, seis del de Zapatero y uno del de Rajoy. Y la inmensa mayoría de ellos, 36 (el 92%) estaban justificados, como exige la Constitución, en causas de extraordinaria y urgente necesidad: por ejemplo, en atender pagos o hacer frente a desastres naturales.
Sentado, pues, que no existen precedentes a esa utilización completamente abusiva del poder para fines electorales que el Gobierno de Pedro Sánchez ha calificado con un populismo digno de mejor causa como «viernes sociales», la cuestión fundamental no reside en cómo parar jurídicamente una práctica que resulta políticamente inadmisible en cualquier sistema democrático. ¿Por qué? Pues porque aunque ese abuso de los decretos-ley pudiera ser legal a la vista de la doctrina del Tribunal Constitucional en la materia (lo que, por lo demás, no esta del todo claro), ello no convertiría a esa práctica en verdadero juego limpio.
La democracia no consiste solo en el respeto a la ley, aunque tal respeto sea siempre un punto de partida indiscutible. La democracia exige además el respeto a reglas y principios por virtud de los cuales los que compiten por el voto del cuerpo electoral deben hacerlo en buena lid, sin prevalerse de posiciones de poder que no pueden ser utilizadas para el logro de finalidades que deterioran la propia democracia, hasta dejarla hecha unos zorros. Y eso y no otra cosa son los llamados «viernes sociales» con una impostada inocencia que oculta su finalidad impresentable.
José Luis García Berlanga dirigió en 1957 una comedía hilarante que no puede dejar aquí de recordarse. En Los jueves, milagro, que así se titulaba la película, se contaba la historia de un pueblo cuyas fuerzas vivas, para atraer el turismo, se inventan una falsa aparición: la de San Dimas, interpretado por un inmenso Pepe Isbert. La trampa era doble: el aparecido y sus hipotéticos milagros. Como es doble la farsa de los viernes: el uso desviado del poder y la inmensa deuda que sin cobertura presupuestaria los decretos-ley generarán. De San Dimas a San Pedro.