España, capital Babia


Todos sabemos que la Junta Electoral Central (JEC), integrada por magistrados, catedráticos, altos funcionarios y gente así, es muy seria, rigurosa, imparcial y trabajadora, y que, además, se las sabe todas. De lo que no teníamos noticia es de su infinita ternura, de su candidez, y de su afición a reunirse en Babia (León), donde la distancia entre el mudo real y las elucubraciones cortesanas se mide en milenios luz. Y digo esto porque, aunque reconozco el rigor jurídico de la orden dada a Quim Torra para que retire los lazos amarillos de los edificios públicos, me extraña que ningún miembro de la JEC se percatase del ridículo que iban a hacer, y que, en aras de preservar el prestigio de la institución, nadie hiciese constar en acta su abstención por motivos de oportunidad y equilibrio psíquico.

¿Que por qué lo digo? Porque ninguna institución seria se aviene a ordenar lo que sabe que va a ser impunemente desobedecido, o que sólo va a servir para socavar la institución y aumentar la sensación de cachondeo general que deprime a los ciudadanos más leales. Y es evidente que, al decir esto, no estoy hablando de las posibles multas que los independentistas no van a pagar de su bolsillo. Estoy hablando de un procés, que Torra representa, que creó una legalidad paralela y convocó un referéndum contra el Estado; que recibió a porta gayola a jueces de todas las categorías; que no respeta la Constitución ni al TC; que le puso banderillas al Gobierno en las plazas de Cataluña; que trata al rey como si fuese un farrapo; que juega con las banderas como si fuesen naipes; que reabre embajadas; que mantiene hibernado el Parlament, y que, prevaliéndose de la Generalitat como institución del Estado, imparte conferencias sobre la república catalana, sobre el tercermundismo del Estado español, de su democracia y de sus políticos, y sobre un sistema que coarta la libertad de expresión, no deja votar y atiborra sus cárceles de presos políticos. Por eso es obvio que Torra no se va amedrentar porque la JEC, a la que ninguna otra autoridad le prestará amparo, le dé una ultimátum que despierta la carcajada de una ciudadanía que ya sabe que en Cataluña no rigen las mismas leyes y poderes que inhabilitan por diez años a los alcaldes de cualquier municipio -situado por debajo de la línea del Ebro (antigua Marca Hispánica)- que cobran indebidamente una dieta de 60 euros.

Por eso me produce una enorme ternura ver a estos señores, tan sabios, que, creyéndose autoridades con competencia en toda España, se plantan delante de Torra y les espetan: «Tienes 48 horas para quitar los lazos amarillos de los edificios públicos de Cataluña». La respuesta fue la que todos los españoles esperábamos: «Al molt honorable president de la única república democrática y legítima que hay en la Península Ibérica, la Junta Electoral Central le pone un botón en la camisa». Que es así como se dice en Forcarei cuando, con toda finura, se manda a alguien a tomar viento y hacer puñetas. ¡Ambas cosas a la vez!

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