La desaparición del Estado en Cataluña


La radical negativa de la Generalitat a cumplir lo ordenado por la Junta Electoral Central en relación con la retirada de los símbolos partidistas de los edificios oficiales (esteladas, lazos amarillos y pancartas pro organizadores del golpe de Estado procesados y fugados) ilustra cómo la desaparición del Estado en Cataluña es imparable.

Cuando, antes de la insurrección secesionista, se hablaba, con menos insistencia que razón, de esa desaparición se hacía referencia al creciente destierro del Estado central de una parte del territorio nacional. La profunda descentralización derivada de la aprobación del Estatuto catalán en 1979 fue concebida desde el principio por los nacionalistas como el punto de partida de un proceso de construcción nacional dirigido a arrinconar, hasta hacerlo desaparecer, todo lo español, es decir, todo lo común: de las instituciones a la lengua, pasando por la historia o la cultura secularmente compartidas. Hoy sabemos hasta qué punto fueron los nacionalistas desleales y hasta dónde interpretaron la generosidad del Estado como señal de debilidad para acometer cualquier abuso.

Pero, tras haberse echado al monte el independentismo, las cosas han cambiado. Para peor, por supuesto. Y es que desde hace muchos meses se vive en Cataluña una nueva forma de desaparición del Estado más grave, si cabe, que la previa. Ahora ya no se trata de utilizar las instituciones públicas para convertir a todos los catalanes al nacionalismo, sino de alcanzar la independencia mediante una violación sistemática de la primera obligación de cualquier poder público digno de tal nombre: cumplir y hacer cumplir la ley.

La instituciones del Estado -¡y las de la Generalitat también lo son!- tienen el inexcusable deber de estar por igual al servicio de todos los ciudadanos, sea cual sea su ideología y sus creencias. Los poderes públicos lo son en la medida en que las fuerzas políticas que los dirigen tras las elecciones no los privatizan al servicio de sus objetivos partidistas, que es justamente lo que está sucediendo en Cataluña, donde tal privatización se ha llevado al extremo delirante de incumplir las leyes flagrantemente siempre que al nacionalismo le conviene.

Por eso, la manipulación partidista de las instituciones políticas autonómicas y locales por los independentistas supone en Cataluña sencillamente la desaparición del Estado como poder público, pues este sólo tiene de verdad tal condición si se comporta con neutralidad e imparcialidad en la lucha partidista.

El hecho de que la ministra Batet, en lugar de criticar con dureza el desprecio rotundo de la Generalitat a las ordenes de la Junta Electoral Central, lo haya justificado alegando que aquella tiene el derecho a recurrirlas, pone de relieve con toda claridad qué nos espera si la fórmula de desgobierno surgida de la moción de censura se confirmase en las próximas elecciones generales.

Conoce toda nuestra oferta de newsletters

Hemos creado para ti una selección de contenidos para que los recibas cómodamente en tu correo electrónico. Descubre nuestro nuevo servicio.

Votación
70 votos
Comentarios

La desaparición del Estado en Cataluña