Fue Felipe González quien hace casi un mes, con motivo de la agria polémica en torno al, en mala hora, célebre mediador o relator en las negociaciones entre los gobiernos de España y de la Generalitat, alertó de la grave degradación de nuestro sistema democrático. González no concebía, con toda la razón, que, existiendo los parlamentos español y catalán, se hablase de crear mesas de partidos para tratar cuestiones que deberían abordarse en las instituciones.
Tal degradación no comenzó desde luego con la llegada de Sánchez al poder, pero aquella supuso un gran salto en el proceso de deterioro democrático. La propia moción de censura no fue constructiva, como prevé la Constitución, sino fruto de una coalición negativa para echar al presidente, sin que su sustituto tuviese el apoyo estable de una mayoría parlamentaria. Tan no lo tenía, que el Gobierno aguantó poco más de medio año. Y ello tras haber pagado el PSOE un precio altísimo: pactar la censura con partidos políticos que, por haberse levantado contra el Estado, ninguna fuerza democrática europea hubiera admitido como socios; y asumir el Gobierno con el único apoyo seguro de 84 diputados.
Ese delirante punto de partida obligó a Sánchez a abusar del decreto-ley con una intensidad nunca antes conocida; a ordenar a la abogacía del Estado acusar por sedición y no por rebelión, negando el presidente la existencia de un delito sobre el que poco antes no tenía Sánchez duda alguna; a llevar a una cárcel la negociación presupuestaria; y a subordinar al éxito de aquella -del que dependía, como luego se ha visto, la permanencia del líder del PSOE en el poder- la posición del Gobierno respecto de lo que podía o no negociarse con los secesionistas.
Con la derrota presupuestaria, las señales de degradación democrática han aumentado con toda claridad: el Gobierno anunció incomprensiblemente la disolución anticipada del parlamento tres semanas antes de la fecha en que iba a producirse, proclama que seguirá legislando en asuntos de gran envergadura para el futuro, y que lo hará por decreto-ley, como no puede ser de otra manera con las Cortes ya disueltas, lo que supone una instrumentación electoral de la acción legislativa que no tiene precedentes.
Como no los tiene, en fin, la manipulación política del CIS, que este jueves publicó un sondeo que diverge radicalmente de todos los demás que conocemos. Y como los tiene el que un presidente revele para legitimar sus decisiones y ambiciones supuestas o reales conversaciones privadas con el jefe del Estado, a quien coloca así de una forma completamente irresponsable al pie de los caballos. Nadie se había atrevido jamás a hacer nada ni remotamente parecido, por una razón que es bien fácil de explicar: porque ningún presidente, hasta ahora, ha desconocido y despreciado como Sánchez las reglas y principios sobre los que descansa nuestra democracia.