Lo peor, cuando se olvida la protección a los usuarios

En demasiadas ocasiones, la realidad nos muestra que las ayudas públicas que se utilizan para impulsar determinados sectores económicos terminan siendo una excusa o incluso un instrumento de chantaje que las empresas utilizan para dejar de cumplir sus obligaciones legales con los consumidores. Nadie duda de la importancia que tiene el tráfico aéreo para impulsar la conectividad entre territorios, tanto para sus propios habitantes como para recibir visitantes que generan actividad económica en zonas que, de otra manera, quedarían demasiado aisladas. Las autoridades, autonómicas y estatales, dentro de sus competencias, utilizan así una de las herramientas más directas que tienen a su alcance para favorecer esas conexiones: subvenciones y ayudas económicas que impulsan esas conexiones, a priori poco atractivas para las aerolíneas comerciales, para que generen ese beneficio adicional.

 Sin embargo, muchos son los ejemplos recientes que nos muestran la laxitud de esas mismas autoridades en la aplicación de correctivos cuando las aerolíneas no cumplen con la legalidad. En Facua asistimos impotentes ante una realidad clamorosa. Las aerolíneas difícilmente son multadas por incumplimientos reiterados de la legislación de protección al consumidor autonómica, estatal e incluso europea: compensaciones por cancelaciones o retrasos injustificados, información adecuada a los consumidores afectados, no se respetan tarifas en los procesos online de compra, se cobran cargos adicionales por partidas que deberían estar incluidos en el precio final de compra, y un desagradable largo etcétera de abusos que muy a menudo quedan sin castigo por parte de las autoridades competentes, sean de consumo o responsables del tráfico aéreo (Ministerio de Fomento). Y el ínfimo número de sanciones que sí se imponen no trascienden públicamente, algo que podría ser una herramienta adicional para posteriores decisiones de compra.

Según datos del Tribunal de Cuentas Europeo publicados el pasado mes de noviembre, España es el país de la Unión Europea en el que los pasajeros aéreos presentan más reclamaciones. En el 2017 fueron 16.700 quejas y un 90 % de las mismas tuvieron que ver con compensaciones por retrasos y cancelaciones injustificadas. Un ejemplo muy claro se vivió el pasado verano con Ryanair: mientras el Gobierno de Reino Unido anunció en diciembre acciones legales contra la aerolínea por negarse a compensar a los pasajeros afectados por las cancelaciones de vuelos provocadas por las huelgas de tripulantes de cabina, en España, pese a la denuncia de Facua por la vulneración de la normativa por el mismo caso, Fomento aún no ha tomado ninguna acción contra la aerolínea, incluso aunque ha reconocido, en el mismo sentido que la Autoridad de Avión Civil británica y la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, que una huelga no entra dentro de «circunstancias extraordinarias» y que por lo tanto le corresponde compensar a los afectados.


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