Sin menoscabo del esfuerzo político que el Real Decreto Ley de 8 de febrero de medidas urgentes en el ámbito de la ciencia supone, en tanto palía algunas de las más graves dificultades en un desarrollo normal de la investigación científica y técnica -incluidos algunos aspectos relativos al personal contratado con cargo a proyectos de investigación-, lo cierto es que, si deseamos que ciencia y gestión dejen de ser una contradicción, este primer alumbramiento político exige continuidad y reformas de mayor calado. Por más que el horizonte electoral no las garantice.
Leer el preámbulo del citado real decreto sitúa e la debacle que ha padecido la ciencia en España: un recorte presupuestario desde el 2009 hasta el 2017 de un 26,2 % de la inversión pública en I+D, lo que ha supuesto situarnos en niveles del 2007. A lo que es necesario añadir la disminución de investigadores, a la par que el envejecimiento de los que aún permanecen en el sistema.
En Galicia, en el año 2010, el Consejo Superior de Investigaciones Científicas tenía 514 personas en los diferentes centros e institutos de investigación, y en el 2016 eran 350. El personal científico en plantilla pasó de 80 a 72, los investigadores contratados de 36 a 44, y los científicos en formación de 78 a 24. Lo que obviamente ilustra la situación de los recursos humanos en una organización que depende de la capacidad de su personal para lograr, en un sistema competitivo, los recursos económicos con los que se sostiene su actividad científica. Por otra parte, el gasto anual del CSIC en Galicia pasó de 23,7 millones de euros en el 2012 a 18 millones en el 2016. Estos datos ilustran, con las diferencias territoriales obvias, a donde ha llegado la investigación científica.
Desde una perspectiva más global quizá permanezca en la memoria el llamamiento dramático de un presidente del CSIC para habilitar, allá por el 2012, 100 millones de euros en el presupuesto, bajo amenaza de cierre del organismo. Situación que sin embargo, un quinquenio después, pareciera que se habría transformado en un diferencial positivo de 40 millones. Corralitos, ingreso de deudas pendientes y esfuerzo de los investigadores por medio.
Las medidas contempladas en el real decreto citado paliarán algunos de los más graves problemas que las normas administrativas de Hacienda y Administraciones públicas han venido provocando en la gestión de personal y ejecución presupuestaria, pero desde luego queda pendiente un largo recorrido para transformar la gestión pública de la investigación, y a sus gestores, en un instrumento útil y proactivo a favor del conocimiento y del talento. Y ello, si el próximo proceso electoral no impide consolidar este primer paso y se puede avanzar en otras mejoras de las condiciones de trabajo de los científicos, como señaló Pedro Duque. Por ver si ahora es posible, «heroicidades» aparte.