Unos 113 millones de europeos están en riesgo de pobreza o exclusión social. Son personas con ingresos un 60 % inferior a la media del estado en el que viven y que sólo pueden permitirse comer caliente uno de cada dos días. Suponen el 22,5 % de la población total de la Unión Europea, es decir, uno de cada cuatro. Es casi un 4 % más que los que había antes de que se iniciara la crisis en 2008. En 2017, según los datos aportados por Eurostat, la Agencia Europea de Estadística, Bulgaria con más del 38 %; seguida por Rumanía, con el 35,7 %, y Grecia, con el 34,5 % encabezan la lista de población en riesgo; mientras que la República Checa, con el 12,2 %, y Finlandia, con el 15 %, la cierran. España ocupa el séptimo lugar, con casi un 27 %.
Si desglosamos los datos por grupos de edad, de los 113 millones de europeos en riesgo de pobreza, 25 son menores de 18 años. En cuanto a los mayores de 65 años, la media europea es de un 20 % para las mujeres frente al 15 % de los hombres. La diferencia de ingresos entre ambos géneros es del 37 % menos para las mujeres. Por países, Estonia encabeza la lista con un apabullante 46 %, seguida de Letonia, con el 44%, y Lituania, el 37 %.
Por lo que respecta a los trabajadores asalariados, si el 7 % de los mismos estaban en riesgo de pobreza en 2008, diez años después este índice ya casi alcanza el 10 %. Ello quiere decir que el empleo no garantiza el mínimo de subsistencia para el trabajador.
Pese a los esfuerzos del Intergrupo es obvio que el plan 2020 para luchar contra la pobreza no está funcionando. Aunque la economía parece estar remontando -un espejismo que algunos expertos señalan como el preludio de la gran recesión- no ha repercutido como debiera en una población en la que la desigualdad crece a pasos agigantados. No podrá sorprender que el color amarillo se extienda por el resto de Europa.