Acabar con los que atentan contra nuestros inmuebles protegidos o bienes de interés cultural no solo es una cuestión de educación. Podemos educar en civismo a los que hoy son niños, pero para concienciar a los adultos que están destrozando nuestro patrimonio ya hemos llegado tarde. Contra estos hay que echar mano del Código Penal, y si el problema es la imposibilidad de coger in fraganti a los autores por la escasez de cámaras, las autoridades competentes tendrán que decidir ponerlas. Cuando sea reconocidos y juzgados los tres primeros vándalos, sus colegas dejarán de jugar al destrozo del patrimonio cultural. En nuestro ordenamiento jurídico está tipificado el delito de daños contra los bienes que integran el patrimonio histórico, motivo por el cual debemos poner en manos de jueces y fiscales los medios necesarios para poder localizar a estos delincuentes. No poner cámaras es permitir que estos analfabetos sigan actuando con total impunidad.