Que lo que mal empieza mal acaba es, más que un refrán, una certeza que se cumple con la inexorabilidad de las leyes de la física: si uno se lanza al vacío desde un octavo piso (terrible comienzo) seguro que acaba despanzurrado contra el suelo (trágico final).
Cuando Sánchez aceptó ser presidente con el indispensable apoyo del secesionismo que acababa entonces de organizar ¡desde las instituciones de la Generalitat! una, finalmente frustrada, insurrección contra nuestro Estado democrático, empezó de la peor manera imaginable un mandato destinado desde el principio a un final ignominioso: depender durante el tiempo restante de legislatura de dos partidos dirigidos por presuntos delincuentes, procesados unos por gravísimos delitos y fugados otros de España para eludir la acción de la justicia.
Son esos partidos los que también ahora, como desde junio de 2018, tienen en sus manos la continuidad de Sánchez al frente el Gobierno, pues son ellos los que van a decidir sobre la aprobación o rechazo de los Presupuestos del Estado. Esa es la razón por la que el presidente ha llevado a las Cortes un proyecto presupuestario que favorece con un gran regalo en forma de inversiones a quienes tienen como único propósito acabar con la unidad del país pasándose todas sus leyes por el arco del triunfo. Regalo que, como no puede ser de otra manera, se hace en perjuicio de quienes cumplen las leyes y son leales a la Constitución y a los principios democráticos.
Que todo ello pueda acabar produciéndose en medio de la anuencia inconcebible de los barones territoriales del PSOE, que no dicen ni esta boca es mía al ver como se castiga económicamente a los leales al estado de derecho para poder así premiar a los rebeldes (no lo era el PNV cuando pactó con el PP), es una prueba irrefutable del deterioro galopante de un partido destrozado por quien ahora lo dirige.
Es tan insostenible la posición del Gobierno que la ministra de Hacienda trata de justificarla afirmando que con el proyecto presupuestario se cumple un mandato del Estatuto catalán, lo que sólo prueba su ignorancia sideral. Léase, señora ministra, el fundamento 138 de la sentencia del TCE sobre el Estatut de 2006, que afirma con toda claridad que la norma que usted cita «no vincula al Estado en la definición de su política de inversiones, ni menoscaba la plena libertad de las Cortes Generales para decidir sobre la existencia y cuantía de dichas inversiones».
No, la única, e inmensa, responsabilidad de este intento de comprar, pagando con dinero de todos, la continuidad del Gobierno socialista, es de su presidente, que no ha presentado unos Presupuestos Generales del Estado sino unos particulares, cuyo contenido y principales destinatarios se han definido con ese único objetivo: que Sánchez siga en la Moncloa, aunque su silla la sostengan dos políticos tan indeseables como Torra y Puigdemont.