La primera certeza del sistema sanitario español se refiere a su muy alta calidad. Así lo confirma el Informe sobre el estado de la salud en la Unión Europea 2017, en el que, tras subrayar nuestros tres grandes problemas al respecto (la obesidad y el consumo de alcohol y de tabaco), se describe una realidad donde las luces son muy superiores a las sombras: que la esperanza de vida en España es «actualmente la más elevada de los países de la UE», que desde el año 2000 la mayor parte de ese aumento «se ha debido a la reducción de la mortalidad después de los 65 años» y que el sistema «es eficaz en el tratamiento de las personas con afecciones potencialmente mortales».
A todo lo anterior se añaden dos afirmaciones que desmienten a los agoreros del desastre: que la cobertura del Sistema Nacional de Salud es altísima (acoge al 99% de la población residente) «aunque los tiempos de espera siguen suponiendo un problema»; y que la mayoría de las medidas de urgencia adoptadas tras la crisis «para reducir el gasto público en sanidad no implicaron cambios estructurales del sistema sanitario».
Tal certeza, que solo niegan quienes han convertido el desprestigio de todos los logros de la democracia española (políticos, sociales y económicos) en su gasolina electoral, convive con otra: el mal trato salarial y profesional de la Administración a muchos profesionales sanitarios, sobre cuyo altísimo nivel de preparación y compromiso descansan en gran medida los logros aludidos. Formar a un especialista exige un gran esfuerzo personal de quien aspira a serlo (no menos de 11 años de durísimo trabajo) y un gasto público notable, lo que hace inexplicable la incapacidad para estabilizar en un tiempo razonable a los profesionales sanitarios, algo que contribuiría sin duda a resolver gran parte de los problemas a los que hoy se enfrenta nuestra sanidad. Que no pocos médicos y enfermeros firmen en un año docenas de contratos o que se les pague de una manera que no se ajusta para nada ni a su preparación ni a la labor decisiva que realizan es una vergüenza que hay que erradicar urgentemente.
La tercera certeza se refiere justamente a la forma de abordar los problemas que hoy sufrimos. Tal cosa puede hacerse de dos formas: con el método Sánchez (ensayar la primera ocurrencia del presidente o de alguno de sus brillantísimos ministros, con la vista puesta siempre en el calendario electoral) o con el método que ahora ha adoptado, con amplia aceptación entre los médicos de atención primaria, la Xunta de Galicia: llamarlos para que formen grupos de trabajo que aporten soluciones a los problemas detectados. Quien tendrá que decidir finalmente será, claro está, como corresponde en democracia, el poder público. Pero hacerlo tras haber preguntado a quien sabe del asunto es mucho más sensato que decidir para rectificar mañana en una dinámica sin fin de disparates.