El balbordo mediático insiste estos días en que 2019 es el año más incierto de las últimas décadas, como si, en un futuro lleno de hipótesis abiertas, tuviésemos la posibilidad de sumergirnos en el caos más estéril o dejar un país niquelado y pacificado para cuatro décadas más. Pero yo, que no comparto ese tópico facilón, mantengo la tesis de que este año se inicia con la absoluta certeza de que nos vamos a equivocar. La incertidumbre, si la hubiere, solo es accidental, porque nadie sabe cuándo y cómo nos vamos a perder. Pero, si hablamos de lo sustantivo, no cabe ninguna duda de que acabaremos el 2019 peor de lo que estamos hoy.
Al contrario de lo que sucede en otros países europeos, España mantiene una reserva de partidos constitucionalistas, bien centrada, a la que le sobran diputados y apoyos para reponer el orden político y gobernar eficazmente. PP, PSOE y Ciudadanos, con la parte constitucionalista del Grupo Mixto, suman 255 diputados (72,8 % del total). Frente a ellos solo hay 95 escaños: los 67 de Podemos -cuyo populismo antisistema los excluye de cualquier pacto de estabilidad-, y los 28 diputados nacionalistas e independentistas, que, aunque en otros momentos hicieron serios aportes a la gobernabilidad, se han sublevado contra el orden constitucional y la unidad de España.
Desde esta posición cabrían, en el plano teórico, dos fórmulas de gobernabilidad: la gran coalición entre el PSOE y el PP, que en un par de legislaturas podría estabilizar el país y restituirlo a la senda del pacto constitucional; y el turno de mayorías minoritarias lideradas por PP y PSOE, que, debidamente respetadas, legitimarían, para gobernar, al partido más votado, como se hizo en España desde 1977 hasta 2016. Pero es evidente que la crisis del PSOE, que en todo equivale a la crisis generalizada de la socialdemocracia europea, hace imposibles estas dos opciones, por lo que cada vez está más claro que nos encaminamos a una confrontación de bloques, o a un frentismo hipertrofiado que siempre dio en España pésimos resultados.
El año 2019, que es esencialmente electoral, se va a caracterizar porque al ciudadano no le quedan más que dos opciones reales: la actual coalición Frankenstein, dependiente del separatismo, y de imposible coherencia programática; y la arriesgada coalición de las derechas que puede gobernar Andalucía, que, por incluir a Vox, suscita serias desconfianzas, implica riesgos de regresión democrática, y facilita los discursos de trinchera que, más allá de los partidos, ya se ha instalado en la opinión pública.
A la vista de la inviabilidad constitutiva del Gobierno Frankenstein, todo apunta a que la triple alianza de las derechas se puede hacer con el poder. Pero también es evidente que -con el problema catalán enquistado en la deslealtad y el disparate, y con Podemos abonado a la salvación por el caos- este frentismo electoral es la peor de las ocurrencias que podíamos tener. Y esa es, precisamente, la única certeza que tenemos para 2019.