La única mayoría absoluta que existe en el país, administrada por Núñez Feijoo, convierte a Galicia en una positiva y ejemplar excepción dentro de un universo político definido por la fragmentación de los parlamentos, por una gobernabilidad en evidente retroceso, por la carencia de marcos presupuestarios actualizados, y por la presumible insistencia de los electores en hacer el viaje hacia el paraíso a través de un desorden sistémico grave y prolongado. La reciente aprobación de un presupuesto de 9.850 millones de euros fue la última prueba de esta positiva excepcionalidad gallega, que sin duda ha de repercutir en la calidad de los servicios y en la expansión del bienestar.
Sucede, sin embargo, que este hito de normalidad se ha alcanzado en el marco de un conflicto sanitario seriamente enquistado, que en nada se corresponde con el contexto político al que nos hemos referido. Y por eso debemos suponer que en dicho conflicto se dan cita dos perspectivas radicalmente distintas: la que discute con criterios técnicos la dotación y uso de los recursos presupuestarios y humanos del Sergas; y la que apunta a que la sanidad -sobre la que convergen una amplia sensibilidad social y el interés personal de cada ciudadano- se ha convertido en el único punto en el que la oposición puede hincarle el diente -con razón o sin ella, pero con buenas oportunidades para el desgaste- a la plácida gestión de Feijoo.
Mi impresión es que, lejos de centrarse en el debate sobre la gestión eficiente, el conflicto sanitario se ha convertido en el ring sobre el que dos modelos y dos filosofías de lo público quieren dirimir sus diferencias. De un lado está la Xunta, que, tras haber asignado a la sanidad el 40 % de su presupuesto, no tiene más remedio que aferrarse a los criterios de racionalización y eficiencia del gasto, antes de que una crisis financiera ponga en riesgo la sostenibilidad del Sergas. Y de otro lado están las oposiciones de En Marea y BNG, y en menor medida el PSOE, que, conscientes del enorme gancho que tienen las posiciones populistas en la reivindicación de una sanidad pública de calidad, exigen que todos los desajustes coyunturales o estructurales del sistema se engrasen con recursos ilimitados, vinculando a ese criterio de gasto todas las incidencias negativas que puedan darse en los servicios de salud.
Los ciudadanos, que seguimos creyendo en la excelencia de la sanidad gallega, somos conscientes de que todos los debates que enfrentan el racionalismo con el populismo derivan en aporías estériles e irresolubles. Y por eso debemos exigir que, dado que la política y la administración son campos propios de la racionalidad -y no de las emociones y los sentimientos-, se organice una mesa que pueda devolver el conflicto a su inexorable racionalidad. Porque si la calidad del servicio solo se puede alcanzar haciéndolo insostenible, quedaremos abocados a la frustración, desde la que nunca podremos disfrutar de los buenos servicios que tenemos.