La proliferación de gasolineras desatendidas en Galicia está generando gran preocupación entre los empresarios del sector y los consumidores, ya que no existe una legislación clara al respecto y se está poniendo en riesgo la seguridad de las personas y del entorno. Desde la federación defendemos que no es posible que la normativa que se exige a las gasolineras desatendidas sea la misma que la que se contempla para las atendidas, ya que existen muchas cuestiones que se deben tener en cuenta que afectan a la seguridad y a los derechos de los consumidores, principalmente. El combustible es un producto peligroso, por lo que debe existir una regulación que especifique las condiciones para ser distribuido. La obligación de la presencia de una persona responsable en las gasolineras se impone por razones de seguridad, para garantizar que los usuarios cumplan con la normativa existente y respeten las prohibiciones establecidas. En las gasolineras desatendidas es precisa una labor activa del consumidor, que debe manejar la apertura y cierre del depósito de su vehículo, la puesta en funcionamiento del surtidor o la aplicación de la manguera y su recogida; todo ello velando para que no se produzcan vertidos ni situaciones de riesgo porque, en ese caso, toda la responsabilidad recaería en el usuario, que tendría que subsanarlas sin tener los conocimientos necesarios para ello. Además, al carecer de personal no existe nadie que pueda asegurar que no se reposta con el motor en marcha, las luces encendidas o incluso fumando.
Por otra parte, consideramos que las gasolineras desatendidas también están discriminando al colectivo de personas con movilidad reducida, al no contar con las medidas de accesibilidad pertinentes para que estas personas puedan utilizar con autonomía el dispensador o el dispositivo de pago. En una sociedad en la que se vela cada día más por la integración de las personas con algún tipo de discapacidad, no se puede admitir que se abran establecimientos que no sean accesibles.
Desde Fegaes no nos posicionamos en contra de las gasolineras desatendidas porque suponga una competencia, ya que creemos que es algo positivo, nos hace evolucionar, fomenta el desarrollo de los negocios y nos obliga a mejorar la prestación de los servicios. Lo que pretendemos es poner en valor el modelo de las estaciones de servicio atendidas y seguras, que ofrecen sus servicios con total garantía y cumpliendo estrictamente con la legislación vigente. Los informes en los que la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia establece sus recomendaciones para la expansión de las estaciones de servicio desatendidas en España afirman basarse en la experiencia europea, donde este tipo de establecimientos representan un «formato habitual». Sin embargo, no hacen ninguna referencia a que se equipare la legislación española a la de esos países en donde existen leyes específicas y la normativa es mucho más estricta. Estamos a favor de que se mejore la competencia en cuanto a los precios y servicios que se prestan, pero siempre dentro del respeto a las normas y al principio de igualdad ante la ley. Si estas premisas no se cumplen también se estaría poniendo en peligro la estabilidad laboral de los miles de trabajadores del sector. Solo en los dos últimos años, coincidiendo con la apertura de 500 nuevas gasolineras desatendidas en España, se han destruido 2.700 empleos. Esto significa que por cada nueva gasolinera desatendida se destruyen 5,4 puestos de trabajo.