En pleno siglo XXI, cuando extremamos las medidas de seguridad en todos los ámbitos de la vida, cuando para trabajar en un restaurante hay que tener el carné de manipulador de alimentos, cuando realizamos prevención de riesgos en las empresas, o cuando colocamos bolardos en las calles para evitar actos terroristas, parece un anacronismo que cualquier conductor llegue a una gasolinera y tenga que servirse él mismo la gasolina, el gas o el diésel que necesita para el coche. Líquidos altamente inflamables que están al alcance de cualquiera con solo descolgar la manguera del surtidor y que con un uso inadecuado o negligente pueden desencadenar una catástrofe. Solo hay que comprobar cómo en las gasolineras llamadas de autoservicio se pueden presenciar conductas peligrosas como las de repostar con luces encendidas, fumando o con conductores que tienen la manguera en una mano y el móvil en la otra. Y no se le puede echar la culpa al usuario, pese a que haya carteles que indican los riesgos de la operación, pero no se puede obligar a nadie a que sea un experto en manejo de líquidos inflamables.
Todavía es más flagrante el hecho de que menores de edad, usuarios de ciclomotores por ejemplo, puedan verse expuestos a estos riesgos. Y también son claramente discriminatorias para personas con discapacidad. En un entorno laboral como es el de las estaciones de servicio resulta difícil hoy en día comprender que los trabajadores especializados y preparados brillen por su ausencia, pero todavía lo es más que se permita que los precios del carburante sean semejantes en gasolineras sin servicio que en las otras donde nos atienden empleados cualificados. ¿No es una competencia desleal clarísima? Tampoco se entiende que algunas comunidades autonómicas hayan prohibido este tipo de instalaciones, mientras en Galicia se permiten. De todas formas, su implantación en el territorio español es menor que en otros países europeos, estimándose en un 5 %, lo cual deja bien claro que los consumidores no apoyan este tipo de negocios, aunque desde Bruselas se ha amenazado a las comunidades que prohíben este tipo de instalaciones con multas, ya que consideran que incumplen la ley de la competencia.
Los conductores gallegos deberíamos evaluar, a la hora de poner carburante, estas cuestiones en aras de la seguridad, también de la calidad de servicio y de la responsabilidad social de defender los puestos de trabajo en cualquier ámbito; optar por las estaciones de servicio responsables, aquellas que mantienen los puestos de trabajo, a costa incluso de su propia rentabilidad. Son, además, establecimientos que ofrecen servicios adicionales, desde hostelería hasta ventas de otros productos relacionados con el automóvil, publicaciones o alimentación. Y sin ponernos en peligro o mancharnos las manos.