Hoy el Congreso de los Diputados debate el informe para el estudio de propuestas de política de aguas en coherencia con los retos del cambio climático. Un ejercicio de responsabilidad compartida que intenta anticiparse a este y servir al diseño de futuras políticas que han de disminuir la exposición y la vulnerabilidad a los impactos del cambio climático.
Han de buscar también el necesario equilibrio para adecuarse a las actuaciones humanas y estar en consonancia con la Directiva Europea del Agua y con el desarrollo y mantenimiento de economías que dependen del agua. Se trata de un buen documento de trabajo, permeable a las adaptaciones que, sin duda, habrá que implementar en cada cuenca hidrográfica o en cada contexto urbano o rural.
Legislar sobre el agua implica gestionar las presiones y los desafíos que conlleva la planificación de la demanda.
Implica responder con soluciones que aprovechen las infraestructuras existentes, que garanticen el suministro de agua a la agricultura, el turismo y la industria, y al mismo tiempo que proporcionen certidumbre al abastecimiento, en especial en zonas de sequía continuada, mucho más sensibles a los impactos más negativos. Estas soluciones precisan de intervenciones especializadas basadas en la gestión de recursos naturales (Nature Based Solutions en su denominación original), para las que la ONU y la UE vienen impulsando estrategias de implementación, tanto en su dimensión ambiental como en su dimensión de investigación e innovación.
El cambio climático debe ser priorizado en todas las decisiones de adaptación. No hay más justificación que la de garantizar la resiliencia de cuencas y regiones, de cara a consolidar una transición justa hacia la sostenibilidad en todo el país. Las más de mil actuaciones que ha emprendido el Gobierno con procedimientos de infracción y la presentación del Plan DSEAR están en el buen camino. Garantizar una gestión sostenible del agua en su ciclo integral, fomentar ahorro, eficiencia y transparencia deben ser elementos básicos de la gestión.