Ataque a la singularidad de los legados en vida en Galicia

José Antonio Madriñán Graña TRIBUNA

OPINIÓN

25 nov 2018 . Actualizado a las 05:00 h.

A la vista del anteproyecto de Ley de Medidas de Prevención y Lucha contra el Fraude Fiscal, parece evidente que los pactos sucesorios (o herencias en vida) en Galicia continúan generando recelo en determinados sectores del Ministerio de Hacienda. El pasado 23 de octubre salía a la luz que una de las modificaciones normativas que se baraja introducir en el IRPF los sitúa en el punto de mira. El cambio proyectado supone que los beneficiarios de pactos sucesorios han de mantener, a efectos de su imposición personal, el valor y fecha de adquisición que los bienes adquiridos tenían para el titular original, provocando que sea el adquirente, siempre que transmita los bienes adquiridos antes del fallecimiento de la persona que realizó el pacto sucesorio, quien tribute en su IRPF por la totalidad de la ganancia generada. Es decir, la modificación vuelve a querer desvirtuar el carácter mortis causa del pacto sucesorio, haciendo tributar la ganancia que genera la venta del bien.

Resulta difícil entender cómo este cambio se puede conciliar con los principios de capacidad económica y justicia tributaria. Si la pretensión del anteproyecto es eliminar la utilización de los pactos sucesorios para llevar a cabo planificaciones fiscales, la solución no debería pasar por tratar indiscriminadamente todo pacto sucesorio como un potencial instrumento de fraude en el IRPF. Esta solución no parece la más acertada, porque con la misma se matan moscas a cañonazos, regulando un específico mecanismo antielusión para una generalidad de supuestos que en la mayoría de las ocasiones no responden a una finalidad elusiva. Y también, porque no se respeta el Derecho Civil de territorios como el gallego, al desvirtuar la naturaleza jurídica de los pactos sucesorios.

Existen infinidad de situaciones en las que, sin afán de fraude, el adquirente puede proceder a la venta del bien antes del fallecimiento de quien se lo otorgó. Por ejemplo, si lo transmitido fue un inmueble que pretendía constituir la residencia habitual del adquirente, el cambio de residencia de este, una modificación de su situación conyugal o familiar, un desplazamiento por motivos laborales, una situación de enfermedad grave, un empeoramiento de la situación económica... Todo lo anterior justificaría la transmisión de dicho inmueble. No se acaba de entender por qué en situaciones de esta naturaleza ha de penalizarse. Por otra parte, es lo fácil, pero no es preciso recurrir a medidas indiscriminadas para atajar las conductas abusivas, sino que este fin se puede alcanzar por otros medios, como por ejemplo el establecimiento de un plazo, a computar desde la adquisición, dentro del cual se penalice la venta del bien con un mayor gravamen.