El 29 de marzo del 2019 se ha fijado como fecha de salida del Reino Unido de la UE. El día se acerca demasiado rápido como para organizar otro referendo, que requeriría una nueva petición de admisión y un debate sobre la renegociación de ciertas cláusulas de las que hoy goza el Reino Unido para quedar excluido de algunas obligaciones. No se podría concluir a tiempo. Un escenario de no acuerdo o un referendo generaría un período muy caótico y perturbador. Las emociones que ha suscitado el acuerdo de salida -el borrador fue firmado el día 14- tanto para algunos del partido conservador como otros del laborista se deben por una parte al mantenimiento de una relación demasiado cercana con la UE; por otra, a que el sistema regulatorio europeo seguirá siendo el dominante después de la salida.
El pacto de salida mantendría una unión aduanera, la cual es necesaria para un funcionamiento eficiente de las cadenas de valor entre las industrias manufactureras a ambos lados del Canal de la Mancha y para evitar una frontera dura entre Irlanda e Irlanda del Norte. Pero una unión aduanera o tarifaria también excluye la posibilidad de que el Reino Unido cierre un acuerdo de libre comercio (FTA), el cual muchos brexiters esperan concluir inmediatamente de la salida con varios países terceros.
Tener una unión aduanera exige también una aproximación estrecha de las legislaciones de la UE y el Reino Unido. En caso de que los criterios regulatorios difieran mucho, el comercio abierto podría estar en entredicho. Por tanto, ambas partes tendrán que seguir trabajando de forma estrecha, una situación que despierta el espectro de un dominio del sistema regulatorio de la UE sobre el Reino Unido y el no poder tomar de nuevo el control. El acuerdo de salida también mantiene un rol importante para el Tribunal de Justicia de la UE, lo que va en contra de los deseos y esperanzas de los brexiters.
Los debates y el voto en el Parlamento británico sobre el acuerdo de retirada prometen ser extremadamente difíciles y la mayoría predice que no habrá acuerdo. En caso de que el Parlamento opte por una salida caótica habrá enormes perturbaciones económicas y también en el movimiento de personas, ya que muchos no saben que habrá un nuevo régimen en el Reino Unido después del 29 de marzo. Se ha dicho que los países miembros podrían posponer la fecha límite de salida. Sin embargo, esto exige unanimidad de los 27, y solo se haría por un período corto de tiempo. De ser así surgirían problemas como el de mantener a los británicos dentro del Parlamento Europeo, con las elecciones previstas para finales de mayo del 2019, y el de alargar los pagos del Reino Unido a los presupuestos comunitarios. La paciencia de los Estados miembros está llegando a su límite. El destino de la UE está siendo monopolizado por un Reino Unido indeciso. Quieren tener este capítulo cerrado.
Se avecina un período de incertidumbre. Aunque las posibilidades de que el acuerdo de retirada sea aprobado son escasas, parece que es la única opción para garantizar la continuidad de una relación ordenada entre las partes y para garantizar un lugar al Reino Unido en el mundo.