¿Cómo intervención? No estamos en un régimen comunista», respondió la ministra de Trabajo a la idea del presidente del comité de Alcoa en A Coruña, que pidió intervenirla como respuesta al ERE presentado por la compañía. No se acuerda Magdalena Valerio de otras intervenciones como fue la gigantesca reconversión iniciada por Felipe González en los años 80, el cierre masivo de la industria minera promovido por la Comunidad Europea en los 70 o, en sentido contrario, la planificación industrial que ha sido una constante en la Francia de posguerra.
La ministra, al parecer, no ha leído el artículo 128.2 de la Constitución que reza textualmente: «Se reconoce la iniciativa pública en la actividad económica. Mediante ley se podrá reservar al sector público sectores esenciales, especialmente en caso de monopolio y asimismo acordar la intervención de empresas cuando así lo exigiere el interés general». Que no somos un régimen comunista es evidente, pero que en nuestra Constitución hay huellas de un consenso, entre otros de los comunistas, también.
El cierre de dos plantas de Alcoa en A Coruña y Avilés, junto al de la planta de aerogeneradores de la multinacional danesa Vestas en Villadangos del Páramo (León), y el cierre anunciado de la multinacional mexicana Cemex en Gádor (Almería) no son más que la punta del iceberg de la deslocalización de compañías multinacionales más reciente que tiene en vilo a la ciudadanía de nuestras comunidades. A escala europea se han dado también cierres significativo: Renault-Vilvorde, Caterpillar, Arcelor-Mittal en Bélgica; Alstom, Goodyear o Arcelor-Mittal en Francia.
Todos los gobiernos se alegran de la llegada de una multinacional y lloran cuando se va, que lo hace sin devolver nada de lo recibido. Según la clasificación de países de la OCDE en materia de protección de los trabajadores frente a los despidos colectivos, España se sitúa por debajo de Alemania, Francia, Italia, Suecia, Chequia, Eslovenia o Polonia. En los últimos 10 años, Alcoa se ha embolsado alrededor de 1.000 millones de euros para rebajar los coste de la factura de la luz. El problema de fondo es que los Estados, resignados a la corriente neoliberal se resisten a todo elemento de planificación democrática, abandonándola a manos de las decisiones estratégicas de las propias multinacionales, porque la planificación como la materia no desaparece, sino que se transforma. Las grandes empresas transnacionales han ido adquiriendo cada vez más influencia y poder. Hoy, las 500 mayores corporaciones controlan una cuarta parte de la producción y la mitad del comercio mundial.
La amenaza de cierre de las plantas de Alcoa en Asturias y en Galicia ha vuelto a poner sobre el tapete la ausencia de una regulación clara de las inversiones industriales internacionales en España. En el marco imparable, pero regulable, de la globalización, el capital extranjero puede actuar como catalizador de la inclusión de empresas nacionales en redes de producción. Pero no es de recibo que una empresa transnacional reciba millones en subvenciones públicas sin que se le impongan unas obligaciones en materia de permanencia y unas condiciones de negociación con los trabajadores y con los poderes públicos en caso de rescisión, cierre o traslado de la empresa.
De ahí la importancia de someterlas a regulación y Derecho si no se quiere llegar tan lejos. Pero como se ha comprobado en los últimos acuerdos multilaterales, la tendencia mundial apunta a debilitar el papel de los estados, el poder negociador de los sindicatos y las competencias de los jueces nacionales en aras de la «seguridad jurídica» de los inversores. En consecuencia, la acción de las empresas multinacionales desborda el marco de los Estados nacionales, que se muestran incapaces de controlar su actividad. En Alemania, Francia o Bélgica, donde existe cierto margen de maniobra, se han dado algunas experiencias modestas, pero positivas. Remontándonos en el tiempo, tras la crisis del petróleo en 1973, la CEE decidió el cierre de pozos mineros en Alemania, Francia, Bélgica y Luxemburgo, con un gigantesco plan de ayudas, incluido el pago de jubilaciones anticipadas e indemnizaciones. Entre 2008 y 2009, el Gobierno prestó 6.000 millones de euros a la industria del automóvil (PSA y Renault) a condición de no despedir hasta que acabaran de devolver los préstamos. En el caso de la naviera Sea France, el Ejecutivo propuso la compra de la empresa por los trabajadores y creó un Fondo Estratégico de Inversiones públicas en empresas con un proyecto rentable y competitivo.
Como referencia para España, muy recientemente, la Asamblea Nacional francesa aprobó en 2017 una ley emblemática sobre el «deber de vigilancia» de las multinacionales, un primer reconocimiento de la responsabilidad de la sociedad madre en los países donde establecen sus filiales. Estas están obligadas a elaborar un plan de vigilancia que garantice el respeto de los derechos de los trabajadores, respondiendo de ello ante la Justicia.
En Alemania existe la figura del consultor que analiza la información facilitada por la compañía a los trabajadores y la del representante sindical ante la empresa en los momentos previos a la reestructuración o al cierre. También en España, tras el cierre de la planta de Sagunto de Thyssenkrupp Galmed, los sindicatos lograron un plan a dos años para formar a más de 50 personas en Alemania y recolocarlas en otras fábricas. En Asturias, las lecciones de la crisis y alternativas a Teneco están en la mente de todos. Por eso la demanda interpuestas por el comité de empresa de Alcoa ante la Justicia ordinaria holandesa.
Los sindicatos disponen de la Directiva 94/45/CEE sobre derechos de información y consulta de los trabajadores en empresas y grupos de empresas de dimensión comunitaria. Los comités europeos son un paso importante para obtener información. Antes de la directiva era difícil que proporcionasen datos sobre sus movimientos, los posibles despidos o reestructuraciones. Actualmente existen en varias decenas de industrias, especialmente en la del automóvil. Alemania (256), Francia (123), Reino Unido (101), Suecia (73), Países Bajos (59) son los Estados con más comités. España ocupa el puesto 13 de Europa, con menos de 20.
En virtud del artículo 87 del Tratado de la Comunidad Europea, las ayudas públicas a las empresas son en principio incompatibles con el mercado único. Sin embargo, permite una serie de excepciones, entre ellas las ayudas en regiones menos desarrolladas que la media de su país; las ayudas a la I+D+i, a la protección del medio ambiente o las ayudas temporales destinadas a salvar o reestructurar empresas en dificultad, previo aviso a la Comisión.
Hay mucho que hacer para evitar el cierre, en primer lugar apoyándose en la movilización social y la unidad política e institucional y sin descartar ninguna medida. Lo contrario, mientras Alcoa mantenga el cierre, nos debilita.