La renovación del Consejo General del Poder Judicial (del Joder Judicial, se decía en una famosa errata del Boletín Oficial del Estado) pasará a la historia por sorprendente. En primer lugar, por el acuerdo entre el Gobierno y el Partido Popular. No lo critico; al revés, para un acuerdo que se logra, lo elogio y le doy la bienvenida. Pero resulta llamativo que hace tres semanas el presidente Sánchez le dijo a Pablo Casado que con él no tenía nada que hablar y resulta que han puesto a negociar a sus segundos. Y resulta mucho más llamativo que sean incapaces de ponerse de acuerdo sobre Educación, sobre el salario mínimo o sobre las pensiones, y les resulta extremadamente fácil un reparto de poder, aunque sea en un órgano ajeno al Gobierno. Insisto: no lo critico; simplemente lo anoto como un síntoma de las actitudes políticas.
En segundo lugar, se supone que la renovación del Consejo debe seguir unos trámites sencillos, pero coherentes con la lógica de los tiempos: primero se buscan los nombres de los vocales, quizá no sobraría un concurso de méritos como se quiere hacer para el consejo de RTVE; después se los vota en el Congreso y en el Senado y, una vez proclamados como vocales, ellos eligen a su presidente, como figura en las normas. Pues aquí no: aquí se pacta el nombre del presidente antes que el de sus electores, con lo cual a estos solo les queda seguir el mandato de dos partidos políticos, y el principio de independencia del Poder Judicial desaparece, comido por un acuerdo político.
Tercero, este acuerdo político no se hace entre todos los partidos representados en el Congreso o en el Senado, como sería lo lógico en un sistema representativo. Se hace entre dos partidos, a los que «generosamente» se suma Podemos y de los que se aparta Ciudadanos, pero sin que haya noticia de la mínima consulta a las demás formaciones, independentistas o no. No discuto el sistema: es mejor un Consejo nacido de representantes de la soberanía popular que de la endogamia judicial. Pero es una forma singular de resucitar el bipartidismo, mientras la realidad del país es muy distinta.
Y por último, estamos ante una exhibición de mercadeo político. La composición del Consejo del Poder Judicial se ha decidido de acuerdo con los intereses de los partidos mencionados y en un perfecto intercambio de cromos: yo, como PP, te cedo la mayoría de la institución, y tú, como PSOE, me cedes la presidencia. En este último aspecto solo hay un elogio que hacer: los negociadores, la ministra Delgado y el exministro Catalá, más las fuentes de la Moncloa, lo han contado así, con total transparencia. Un trato es un trato. No hay lugar a equívocos. No se han preocupado siquiera de disimular.