Suprema irresponsabilidad


El bochornoso espectáculo que ha dado el Tribunal Supremo rectificando su propia decisión de que fueran los bancos los que pagaran el impuesto de las hipotecas para endosárselo de nuevo a los clientes va mucho más allá de la importancia de la decisión. Supone un duro golpe al prestigio, la credibilidad y la imparcialidad del alto tribunal, uno de los pilares básicos de nuestro sistema de poderes, en la antesala, además, del trascendental juicio a los dirigentes del procés. No hay nada más devastador para la justicia que transmitir la impresión de que es capaz de dar marcha atrás y montar una crisis monumental con tal de dar la razón al poderoso, en este caso la banca, convertida desde el inicio de la crisis en la bestia negra de buena parte de la ciudadanía, con actuaciones como el fraude de las preferentes, las cláusulas suelo abusivas o el rescate que nos ha costado 60.000 millones, de los que gran parte se dan ya por perdidos. Diríamos que en este caso rectificar no es de sabios sino de ineptos. Ofrecer argumentos a aquellos a los que interesa socavar no solo el sistema judicial, sino todo el edificio democrático construido a partir de la Constitución de 1978, es de una irresponsabilidad mayúscula. Para los independentistas ha sido un auténtico regalo que les sirve para cuestionar en su totalidad a la justicia española, que, no olvidemos, ha llevado a la cárcel a exponentes del establishment tan destacados como Urdangarin, el cuñado del rey, o Rato, el que fuera todopoderoso vicepresidente del Gobierno, entre otros. Más allá de demagogias interesadas, lo que ha sucedido debería abrir una reflexión profunda sobre el sistema de elección de los jueces y su idoneidad para los puestos que ocupan. Es urgente.

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