En España, todas las carreteras son de dominio público, tanto las autovías como las autopistas de peaje. La única diferencia estriba en el origen de su financiación; mientras que las primeras se pagan con cargo a los impuestos, las segundas son financiadas por los peajes que pagan los usuarios que las disfrutan a través de un contrato de concesión, lo que permite a la Administración acometer la realización anticipada de infraestructuras que de otra forma, y ante la insuficiencia de disponibilidad presupuestaria, no podría ejecutar. En las concesiones de autopistas de peaje, la concesionaria construye y mantiene, a su cargo, la infraestructura durante el plazo de concesión, y recupera la inversión mediante el cobro del peaje a los usuarios. La ley prevé que la Administración pueda incrementar la inversión inicial para garantizar un determinado nivel de servicio. En estos casos, la recuperación por la concesionaria de las nuevas inversiones se realizará mediante ingresos adicionales que podrán provenir de un incremento del plazo de la concesión, de una subida de tarifas, o de una combinación de ambas alternativas. La concesión de la AP-9 la otorgó el Estado en agosto de 1973 y concluirá en agosto de 2048 tras la prórroga de plazo dispuesta para compensar la ampliación de la autopista en el tramo Acceso Norte a Ferrol, por Fene, Neda y Narón (libre de peaje para recorridos internos), y compensar también la liberación de peaje para el tramo Vigo-Teis-Puxeiros. El incremento de tarifas acordado el pasado 29 de octubre de 2018 tiene como objeto compensar nuevas actuaciones realizadas por la concesionaria a petición de la Administración. La fórmula utilizada de incrementar las tarifas de peaje ha sido la única posible para recuperar las nuevas inversiones dado que el plazo vigente de la concesión se incrementó al máximo de 75 años que permite la ley para compensar actuaciones previas a 2000. Estas nuevas actuaciones, que han supuesto una inversión adicional de 237 millones frente a los 315 millones previstos inicialmente, consisten en la ampliación del tramo Santiago Norte-Santiago Sur y el enlace de Cangas-Enlace de Teis, destacando la ampliación del puente de Rande, la reposición del viario municipal en Chapela y medidas contra el ruido entre Morrazo y Teis, y la aplicación de una bonificación en el viaje de vuelta de hasta el 100 % a los vehículos ligeros con Vía T en días laborables en los recorridos entre Pontevedra y Vigo. Así pues, las tarifas de la AP-9, y sus incrementos, tienen como finalidad pagar la infraestructura y sus posteriores ampliaciones que, de otra forma, o no se habrían podido ejecutar por falta de presupuesto público o deberían haber sido costeadas con cargo a dicho presupuesto público. No cabe hablar, por tanto, de autopistas gratuitas pues ninguna lo es, sino de decidir quién las paga, si los que las usan y se benefician directamente de ellas o la totalidad de los contribuyentes, aunque no las usen.