La peor generación política de España


Pocos asuntos habrá en la historia de España en los que la actuación de todos los poderes del Estado haya sido tan desastrosa como el de la sentencia sobre el pago del impuesto sobre actos jurídicos documentados (AJD) en las hipotecas. El Tribunal Supremo, el Gobierno y todos los partidos están mostrando tal falta de responsabilidad, que solo refuerzan la deprimente certeza de que, a pocos días de celebrar 40 años de la Constitución, vivimos el momento de mayor desprestigio de nuestras instituciones y padecemos la peor generación de políticos que ha parido nuestra democracia.

Los jueces que emitieron su sentencia, en la que cambiaban el criterio y establecían que eran los bancos los que deberían pagar el impuesto, lo hicieron de una forma chapucera y sin resolver cuestiones fundamentales como la posible retroactividad. Pero mucho peor aún ha sido la bochornosa manera en la que se ha revertido esa sentencia. El Tribunal Supremo ha lesionado de manera irreparable su prestigio y dañado su imagen de independencia en el momento en el que más la necesitaba, a las puertas de un juicio histórico al golpe independentista.

Pero si penosa ha sido la actuación del poder judicial, vergonzosamente cínica es la reacción de los partidos. Resulta que Unidos Podemos, que ahora se pone al frente de la protesta callejera, prometía en su programa electoral para las autonómicas del 2015 un incremento del AJD al máximo que permitiera la normativa y la retirada de bonificaciones a las escrituras de hipotecas para recaudar así más impuestos a los ciudadanos. La socialista andaluza Susana Díaz, que ahora anuncia medidas para compensar al contribuyente, preside la comunidad que cobra una tasa más alta de AJD a los hipotecados. Sus socios de Ciudadanos, que hoy ponen el grito en el cielo, no le plantearon jamás, por cierto, la rebaja de ese impuesto. Y tampoco es de recibo que el PP plantee como solución la simple retirada de ese tributo, que dejaría a las comunidades sin unos recursos esenciales para garantizar las prestaciones sociales.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, no ha desaprovechado igualmente la oportunidad de hacerse autobombo. «Nunca más los españoles pagarán este impuesto», dijo antes de anunciar el decreto que hará pagar a los bancos el IAJD en las hipotecas. Una frase grandilocuente, pero que se convierte en vacía de contenido cuando el Gobierno reconoce que no puede impedir que las entidades repercutan ese sobrecoste en el ciudadano por medio de más comisiones o encareciendo las hipotecas, y se limita a apelar a la «responsabilidad» de los bancos y la «autorregulación del mercado» para evitarlo.

Ver a estos jueces culpando de su torpeza a unas leyes «poco claras», y a estos políticos haciendo electoralismo con un problema tan grave, es la mejor manera de dar argumentos a quienes quieren poner en solfa la España constitucional surgida en 1978 que, a pesar de ellos, y como bien recuerda Roberto L. Blanco Valdés, es sin duda «la mejor de nuestra historia».

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