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La machada del Supremo no se produjo este miércoles, cuando el pleno de la Sala Tercera repuso la doctrina tradicional y asumió que el cliente del negocio hipotecario solo puede ser el que acude al banco a solicitar el crédito. Quien abrió el follón, en un ejercicio de populismo judicial sin precedentes, fue la Sección Segunda de la mencionada Sala, que, basándose en el principio fiat justitia et pereat mundus (hágase justicia aunque perezca el mundo), quiso congratularse con la calle mediante una finta interpretativa que rompía un principio esencial de la doctrina tributaria nacional e internacional, y cargaba al banco, de una forma inexorablemente retroactiva, un impuesto capaz de poner al sistema al borde del abismo.

 El fondo del problema es tan claro que, aunque puede y debe discutirse si se mantiene o suprime el impuesto de actos jurídicos documentados, que encarece las hipotecas, resulta una enorme indecencia que el Gobierno aproveche este cataclismo para -tras cargar de manera desleal contra los jueces- anunciar una reforma legal que, en vez de suprimir dicho impuesto, se lo endilgue directamente a los malvados y usureros banqueros. Si tal faena se consuma, su importe no va a mermar el beneficio bancario, sino que se acabará cargando -«en diferido y mediante un contrato simulado», como diría la dimitida Cospedal- al coste final de la hipoteca. Mi opinión es que el camino iniciado ayer por Sánchez, y jaleado de forma irreflexiva por la inmensa mayoría de ciudadanos, medios e instituciones, va contra un principio esencial de la tributación democrática, ya que la gente acabará pagando un impuesto sin saberlo y sin poder revisar su eficacia.

En este caso ni siquiera disculparía a Sánchez la directa supresión del impuesto, ya que, en un Estado que soporta un déficit excesivo, no quedaría más remedio que crear un impuesto sustitutorio que seguramente sería menos eficiente que el actual.

Una crítica extensible a la solución salomónica -finalmente desechada- de cambiar el criterio sobre el cliente sin efectos retroactivos. Porque esa maniobra, en realidad un truco, no impediría que el prestatario siguiese pagando el impuesto, aunque lo hiciese creyendo que, por arte de birlibirloque, lo estaba pagando el banco.

Por eso extraña que todo el mundo se haya apuntado a la demagogia, para hacer quejas, alharacas y promesas a un pueblo que no quiere entender que la financiación del Estado es perfectamente entrópica, es decir, que se paga todo lo que se gasta, y que solo pagan los ciudadanos, sin que en ello influya nada que nos saquen la pasta a la luz del sol o de noche, y con maniobras de distracción.

La única forma de no pagar, que es gastar menos, está en las antípodas de lo que proponen Sánchez e Iglesias, y de lo que el pueblo -digámoslo claro- sigue pidiendo a gritos en todas sus protestas. Pagamos más porque se gasta más. Y pagamos solo los ciudadanos porque solo los ciudadanos pueden pagar. Lo demás, siento decírselo, es purpurina dorada.

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