Me gustaría tener una máquina del tiempo para regresar al pasado 15 de octubre, justo antes de que se desatara la tormenta hipotecaria… Estos 20 días han sido como un mal sueño, una pesadilla de la que cuesta despertar.
El Supremo -¡solo faltaba!- tenía toda la legitimidad para cuestionar su jurisprudencia anterior y, también, para someter ese mismo cuestionamiento al pleno. Pero gestionó mal los tiempos, las formas, el protocolo, la repercusión social y mediática (demagogia populista incluida)…; y, todo ello, le ha generado un grave -gravísimo- daño reputacional, en un momento, además, del todo inoportuno, dados los relevantes episodios judiciales que asoman en el ya próximo horizonte.
Pero la decisión final del pleno, lejos de lo que se ha apuntado, no beneficia a la banca, pues esta habría repercutido su coste a los clientes, convirtiendo así aquella en económicamente neutra.
El alivio ha sido de las comunidades autónomas, quienes habrían debido reintegrar miles de millones de euros (con el probable auxilio del Estado) sin tener garantizado el poder reclamárselos a los bancos. Todo ello, obviamente, se habría traducido en mayor déficit, financiado a corto y a medio plazo mediante deuda y/o subidas de impuestos. O sea, que al final sería Juan Español quien sufragaría todo este dislate. Nada es gratis.
La víctima de todo este estrambótico episodio ha sido la seguridad jurídica. España hace ya lustros que se ve sumida en una situación tributaria muy grave, resultado de una diarrea legislativa de ínfima calidad, aderezada con unas praxis administrativas manifiestamente mejorables, y un poder judicial carente de los medios materiales y humanos necesarios para impartir justicia en tiempo y forma, tal y como el triste caso de las hipotecas ha venido a certificar. Claro que la inseguridad jurídica aporta algo: pobreza, mucha pobreza y solamente pobreza. Y ahí los que perdemos somos todos. ¡Todos!