Solo hay una cosa peor que el hecho de que a las instituciones democráticas se les pierda el respeto institucional: que sean ellas las que no se respetan a sí mismas. Algo gravísimo debe estar pasando en España cuando la falta de autoestima de los tres poderes del Estado se ha hecho general. Tanto que una gran parte del país (la que tiene sensibilidad democrática para verlo) asiste atónita a hechos que en otras democracias, pero también en la nuestra hasta hace poco, serían inconcebibles.
Porque inconcebible es que la administradora ¡provisional! única de RTVE haya insultado en la comisión mixta Congreso-Senado de control del ente público no ya un diputado sino a la propia comisión. Al diputado le llamó Rosa María Mateo, «mezquino» y «miserable» por formularle con todo su derecho una pregunta incómoda para la compareciente. Luego, la propia Mateo, que ha achicharrado en unas semanas el prestigio profesional ganado en años, calificó a la comisión de teatrillo: «Estas comparecencias son un teatrillo. Ya sé que tiran contra el PSOE, pero este teatrillo es muy desagradable, que afronto porque la democracia lo merece». La señora Mateo se equivoca, desde luego, pues comparece, no por altruismo, sino porque esa es su obligación. Pero se equivocan sobre todo sus señorías al tolerar que se les considere muñecos de guiñol sin responder a tan ofensiva acusación todos a una.
Si del parlamento pasamos al Gobierno, la autoestima del que preside Sánchez anda bajo mínimos por su sujeción trágica a Podemos, que ha llevado a Iglesias a comportarse como un perdonavidas con sus socios presupuestarios, a los que trata con una mezcla insoportable de desprecio y autoritarismo. Basta haber seguido la yenka sobre la subida de la cotización a los autónomos, asunto crucial en el que el Gobierno ha cambiado de posición en la última semana un día sí y otro también, para captar hasta que punto el Ejecutivo es hoy una marioneta en manos Podemos, que demuestra su poder dejando una y otra vez a Sánchez en ridículo.
¿Y qué decir del poder judicial? Pues que resulta inaudito que tras las constantes e inadmisibles interferencias del Gobierno en su labor -¡todo un presidente y una vicepresidenta desautorizando la calificación penal del Tribunal Supremo sobre el presunto delito de rebelión cometido por los dirigentes de la intentona secesionista en Cataluña!- el Consejo del Poder Judicial, órgano de gobierno de ese poder básico del Estado democrático, haya sido incapaz de salir en su defensa, según denuncias reiteradas de las asociaciones judiciales. Por no hablar claro del delirio de la Generalitat proclamando que ¡desobedecerá cualquier sentencia que no sea absolutoria!
Así están las cosas: con una España donde los poderes públicos permiten que se les tome por el pito del sereno, primer paso para que nos convirtamos en una democracia bananera.