Empezaré por sentar un gran principio con un desmesurado ejemplo. Cualquier ciudadano puede decir, sin que nada se lo prohíba, que la praza do Obradoiro no le gusta, porque la horizontalidad que inspira tres de sus caras -las del Hospital Real, el Pazo de Raxoi y San Xerome- queda brutalmente interrumpida por la barroca verticalidad de la catedral. Tampoco se le puede prohibir que, para darle una salida a su problema, proponga derribar el edificio, para sustituirlo por una obra de Calatrava, obviamente horizontal y nada barroca, en la que, para atender a los peregrinos, se instalen abundantes aseos, un espacio gastronómico, un oratorio interconfesional y semilaico, y tiendas de suvenires.
Tendríamos un problema, claro, si alguno de los inquilinos de la plaza -el alcalde, el arzobispo, el presidente de la Xunta y el rector de la USC- compartiese el mismo criterio. Y estaríamos locos si las autoridades de Patrimonio fuesen seleccionadas entre los que piensan que la gran basílica manca la belleza del conjunto. Pero la opinión no deja de ser libre por salir de un cantamañanas, cuya condición está protegida por la democracia.
También es una colosal chuminada que el Parlamento catalán y la corporación de Colau reprueben al Rey e invoquen el principio general de que solo la república es democrática, sin más objetivo que esconder su reclamación de una independencia unilateral, ilegal y supremacista que hiede en todo el hemisferio norte. Pero tiene razón el Consejo de Estado (CE) cuando dice que la ley no prohíbe ser marulos, ni hacerse el tonto de capirote para ser vitoreados por los tontos de verdad. Y por eso hay que preguntarse qué motivo tiene Sánchez -que pasó un lustro clamando contra la judialización del procés que, en defensa de la Ley y con el aval del CE, impulsó Rajoy- para acudir ahora al Tribunal Constitucional (TC) en defensa de una opinión y de una causa perdida. ¿Por qué este Gobierno, que chalanea con populistas e independentistas en todo lo que genera riesgos para la unidad y la paz de España, apuesta por defender al Rey en una cuestión de absoluta inocuidad jurídica y política, y que solo es apta para generar barullo en el área hasta que nos metan el gol que aún no nos metieron?
Mi respuesta, de inspiración conspirativa, es que Sánchez fue obligado a pactar con los independentistas este barullo intranscendente y este recurso infundado, precisamente para perderlo. Para que, en medio de los juicios abiertos por el TS, el independentismo reciba un espaldarazo, y el Gobierno un varapalo, propinados por el TC. Una victoria pírrica, sin duda, que tiene un valor inestimable para que la opinión más manipulada le imponga a la parroquia este simplísimo mantra: «El TC le da la razón a los independentistas en contra del Gobierno». Muy hábiles, como siempre, los asesores del procés. Y un pardillo, sin remedio, quien quiere apagar el incendio catalán con la ayuda de los pirómanos y enfrentándose a los bomberos.