Desde que se instauró nuestra democracia, y al margen de los macro procesos por corrupción (Gürtel, ERES, tarjetas black, entre otros varios), solo ha habido un juicio -el del 23-F- de trascendencia comparable al de los implicados en el golpe de Estado independentista.
La intentona protagonizada por Tejero, que acabó con fortísimas condenas para los principales juramentados en la conspiración, a punto estuvo de dar al traste con nuestras libertades. Pero la firmeza de los tribunales frente al complot -primero la del Consejo Supremo de Justicia Militar y luego, en casación, la de la sala de lo penal del Tribunal Supremo- convirtió el 23-F en el canto del cisne de una larga y trágica tradición de intervencionismo militar. Por eso, dado el gran peligro que entonces España atravesó, hubiera sido increíble, y absolutamente intolerable, que el Gobierno hubiera tratado de influir en los tribunales poniendo en duda la gravedad de la acción de los golpistas.
Pues bien: en flagrante violación de un principio vertebral del Estado democrático -la división de poderes- eso, ¡exactamente eso!, es lo que está haciendo el Gobierno surgido de la moción de censura con el apoyo de dos partidos que dirigían quienes ahora van a ser juzgados por, entre otros, un presunto delito de rebelión. Y lo está haciendo, ¡nada más y nada menos!, que por la voz, entre otras, del presidente y la de la vicepresidenta del Gobierno, que insisten, de una forma no por velada menos evidente, en la inexistencia de delito de rebelión en el proceso por el que serán juzgados los principales cabecillas de la insurrección secesionista catalana. Solo falta que a ese dúo de la africana (y nunca mejor dicho, pues las interferencias del Ejecutivo en la acción de la justicia son más típicas de los países africanos que de las democracias europeas) se adhiera nuestra sin par ministra de Justicia, para completar un esperpento que supone el más grave atentado a la independencia judicial que se ha producido en España desde que se asentó la democracia.
En la actuación del Gobierno no hay, para más inri, ningún motivo noble, que pueda conectarse, ni remotamente, con la defensa de los intereses generales. Pues si tras el 23-F podría alguien haber sugerido desde del Gobierno alguna forma de clemencia llevado del temor de que la aplicación estricta de la ley hubiera desembocado en una abierta insurrección militar, la vergonzosa actuación del Gobierno no persigue ahora otro objetivo que trasladar un mensaje a los partidos golpistas para que se avengan a aprobar unos Presupuestos que permitan a Pedro Sánchez seguir algún tiempo más en la Moncloa.
Un mensaje que se envía aunque sea al precio de colocar al Tribunal Supremo, que afronta el proceso más difícil de su historia reciente, al pie de los caballos. Lo que da una perfecta idea de quien está hoy al frente de la presidencia del Gobierno.