Uno de los hechos extraños para clarificar lo sucedido en torno al máster de Cifuentes estriba en que el rectorado de la Rey Juan Carlos acudiera a la Conferencia de Rectores para investigarlo. Y digo extraño porque la CRUE, asociación sin ánimo de lucro formada por un total de 76 universidades españolas, para nada es un ente público. Por más que se tenga como el principal interlocutor de las universidades con el Gobierno central y desempeñe un papel clave, en lo bueno y en lo malo, en todos los desarrollos normativos que afectan a la universidad. Y debe de ser cierto, pues el pasado 26 de septiembre el Congreso de los Diputados, bajo el patrocinio de su presidenta, acogió un acto organizado por la Conferencia de Rectores para dar impulso a una nueva ley orgánica de universidades pactada entre todos.
La confusión persiste porque se confunde la Conferencia de Rectores con el Consejo de Universidades, órgano dependiente del Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades que sí es el instrumento para la coordinación académica, la cooperación, la consulta y la propuesta en materia universitaria de las distintas universidades. Sin embargo, de este Consejo de Universidades poco se habla desde que, allá por el 2012, el ministro Wert, a quien la educación y la sociedad española tanto deben, logró por primera vez en la historia de la democracia que los rectores no acudieran a la reunión convocada.
Por si el enredo fuera escaso, también existe la Conferencia General de Política Universitaria, para coordinar las relaciones en política universitaria con los gobiernos de las comunidades autónomas, de las que además dependen administrativa y económicamente las universidades.
En este marco para el desarrollo de una política universitaria, donde la influencia de los rectores y su organización se hace definitiva, todo el mundo concuerda en la necesidad de una nueva ley de universidades. Sin que nadie aventure cómo se modificará la gobernanza ni tampoco la autonomía real frente a la dependencia económica y administrativa de las autonomías, ni siquiera los grados de cuatro años. En el Consejo de Universidades, el ministro Duque se ha referido a los trabajos para esa futura ley, para los que ya se ha reunido con las comunidades autónomas y con el Consejo de Estudiantes universitarios. También en su comparecencia parlamentaria la secretaria de Estado ha explicitado el objetivo político de allanar el camino para una nueva ley. Presto a ayudar, el popular Martínez Maíllo, en funciones de portavoz de ciencia, ha puesto en valor a su partido solicitando una subcomisión parlamentaria dedicada a «negociar un pacto de Estado por la universidad». Y nosotros que lo podamos ver. Porque los pactos avanzan siempre con dificultad, más si los mínimos acuerdos de coincidencia se desconocen. Esperemos.