La colaboración público-privada en sanidad no es algo nuevo. El 43 % de los hospitales privados tienen algún tipo de acuerdo y algo más del 11% del gasto sanitario público se dedica a ello. El concierto es un contrato administrativo que ha dado lugar a dos tipos de situaciones: unas, infrecuentes, en las que el acuerdo alcanza a ofrecer gran parte de la cartera de servicios a una población. Y otras en las que se contrata la resolución de problemas concretos como las listas de espera en determinadas especialidades.
En el pasado hubo enconados debates acerca de la eficiencia relativa de un sector sobre otro. Pero no se alcanzaron resultados concluyentes ya que, en definitiva, esta es una cuestión empírica. Debe garantizarse que los resultados sean equiparables o revertir los acuerdos si no es así. Hoy tenemos dos asuntos sobre la mesa: la contraprestación económica y el propio procedimiento administrativo. El primero se viene resolviendo en una negociación compleja -va de compartir riesgos- basada en referencias externas y en la estimación de costes que soporta el Sergas por su cartera de servicios, incluyendo o no farmacia, para atender un área sanitaria. O bien en sus costes si se trata de reducir lista de espera. El segundo puede condicionar el futuro inmediato, ya que parece que la negociación va a dar paso a un concurso público en aplicación de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas. Esta no parece una buena solución. Un proceso negociador, a condición de que sea transparente, es preferible por flexibilidad y eficacia.
En la prestación de otros servicios y productos a los servicios de salud se está empezando a utilizar como criterio el valor obtenido (y percibido) por el paciente, más que la cantidad de servicio prestada o producto utilizado. En materia de conciertos, sin embargo, no parece que haya innovaciones a la vista.