Se puede suponer -y yo no me resisto a hacerlo- que en el Tribunal Supremo (TS) no saben tanto derecho como se les supone, que no trabajan con la meticulosidad que su alta función requiere, que no son ajenos a influencias espurias, o que son incapaces de prever las graves consecuencias de una decisión tomada a la ligera. E incluso se puede creer que la proporción de cantamañanas que integran el TS es exactamente la misma que se da entre los políticos, los obispos, los que cuelan sus trapalladas en las prestigiosas revistas Nature y Science, y los que integran las chirigotas del Carnaval gaditano. Pero esta vez no se equivoquen.
La enorme frivolidad que luce el TS no nace de estos humanos y comprensibles defectos, sino del craso populismo -cultural, político, jurídico y moral- que invade España, y contra el que los jueces -que casi nunca son juzgados, ni controlados, ni criticados- adolecen de la protección que generan los graves riesgos que espabilan y alertan a los demás ciudadanos. Si usted, alcalde, cobra una dieta de 73 euros en domingo, o sin haber viajado; o si llama a los servicios de limpieza para preguntar si necesitan un barrendero, ha cometido un delito, y tras diez años de investigaciones, juicios y casación será condenado por el TS con arreglo a la ley.
Pero si en el país hay una norma reglamentaria sobre los impuestos de actos jurídicos documentados que los bancos aplican a las hipotecas, y cuya práctica confirman las sentencias del propio TS; y si seis meses después esa sentencia es rectificada por una sala que propone una jurisprudencia improvisada y sin cálculo de riesgos que produce un terremoto económico general; y si dos días después se suspende -por puro acojone- esta última sentencia, para someterla a una reflexión plenaria de final incierto, nadie le preguntará a los jueces cómo se puede jugar de esta manera con los intereses de todos, quién paga los desplomes milmillonarios de las acciones de la banca, y cómo se pueden gestionar negocios, patrimonios y planes de pensiones surfeando sobre las sentencias. Incluso surgirán millones de ciudadanos que, esperando que esta inseguridad jurídica populista rinda tan suculentos beneficios como generaron las trapalleiras revisiones de las preferentes, las cláusulas suelo y otras magias financieras, animen a los jueces a defender al pueblo contra el viento y las leyes, a darle entre los cuernos a los ricos, y a dejar la función de aplicar la ley con probidad, previsibilidad y certeza para el Juicio Final.
En una materia que precisa absoluta seguridad jurídica, cuya garantía solo depende de estudiar los temas y hacer las sentencias con elemental prudencia, el TS ha sentenciado -como tantos otros jueces- desde el populismo, y por populismo intenta rectificar. Porque la idea de trabajar a las órdenes del pueblo, para cumplir sus deseos, ha invadido todas las instancias administrativas del Estado.
O, como diría un cursi, «este populismo ya es una cultura».