Si la marcha atrás de la Sala de lo Contencioso del Tribunal Supremo sobre el impuesto de las hipotecas no es un escándalo, se le parece mucho. Si no es el cumplimiento del principio de que «la banca siempre gana», también se le parece mucho. En todo caso, es un arrepentimiento de los magistrados y la muestra de inseguridad en su gran decisión. Con un peligro añadido: la repercusión en la sociedad, que probablemente entenderá que la Justicia está a disposición de los poderosos, se rinde ante ellos y no defiende los intereses justos de los más débiles.
Interpretación personal: los magistrados del Supremo adoptaron la decisión que creían ajustada a Derecho. Al minuto siguiente de publicarla, vieron sus tremendos efectos: gran alegría de los hipotecados, que se encontraron con la mejor noticia, pero gran alarma en los mercados. La prima de riesgo subió doce puntos, lo cual encarece los intereses que España paga por su deuda pública. Los bancos cayeron estrepitosamente en la Bolsa. Las pérdidas se calculan en 6.000 millones de euros. El fantasma de una nueva crisis financiera se extendió como la pólvora. Y los jueces se asustaron. Se asustaron tanto, que hicieron algo insólito, al parecer nunca visto: recular, suspender la aplicación de lo decidido y remitirlo al Pleno de la Sala, que dirá la última palabra.
He aquí cómo una medida inspirada en criterios de justicia social puede provocar una catástrofe para el país, suponiendo que sea verdad que el sistema financiero es el sistema circulatorio de la economía. Si la Bolsa reaccionó como reaccionó, es que los inversores y los analistas vieron ese peligro. No creyeron que la banca, especialmente algunos bancos, pudieran resistir el impacto de tener que pagar los impuestos de millones de ciudadanos y familias. Por no saber, nunca se supo cuántos podrían ser esos ciudadanos, ni si la medida tenía efectos retroactivos ni, por tanto, desde qué fecha habría que devolver el importe de esos impuestos.
Y unos apuntes finales: no siempre se debe dictar sentencia sin tener presentes sus efectos, que los propios jueces consideran ahora de «enorme repercusión económica y social». Si hay que pedir criterio de un órgano superior como es el Pleno de la Sala, se debe hacer antes de crear ilusiones en unos y alarma en los demás. Y hay que mirar también otras consecuencias que afectan a la credibilidad del sector bancario. Si un día es condenado por las preferentes, otro día por las cláusulas suelo y otro por los impuestos, una de dos: o la banca está dominada por la mala praxis, o la Justicia le tiene ojeriza. Si es lo primero, actúese con contundencia. Si es lo segundo, el sistema financiero está en plena inseguridad jurídica.