De presupuestos a «presos-puestos»


En un momento político definido por el hecho de que este país se está gobernando a salto de mata, a base de ocurrencias y urgencias que nada tienen que ver con la gestión de los intereses generales y con el bienestar de los ciudadanos, cabía esperar que el debate sobre los presupuestos generales para 2019 fuese, más que nada, un gran encaje de bolillos, o una ocasión para que el temible escenario de acción-reacción en el que estamos embarcados dejase paso a un intento de poner algo de orden y sentido en las constantes improvisaciones a las que nos ha conducido la fragmentación numérica, ideológica y estratégica del Congreso.

Es cierto, y no debemos ignorarlo, que los presupuestos generales del Estado ya no son lo que eran, porque los numerosos controles externos a los que -¡gracias a Dios!- están sometidos, y la creciente trama de obligaciones y gastos recurrentes que se trasladan de unos a otros ejercicios, hacen que la redacción y debate del plan de ingresos y gastos -que décadas atrás se definía, pomposamente, como «una expresión numérica de la política del Gobierno»- no vaya más allá de un debate pautado y condicionado sobre no más del 5 o el 7 % de los ingresos y gastos del Estado. Pero nada de eso era óbice para que el debate anual de los presupuestos permitiese hacer dos cosas de enorme importancia: darle unidad económica y coherencia política a un modelo de ingresos y gastos generado a base reacciones e improvisaciones constantes; y certificar la calidad y estabilidad de los consensos parlamentarios que en cada momento concreto sostienen al Gobierno.

Nada de eso, sin embargo, acompaña o define el agrio debate que se ha desatado sobre los presupuestos de 2019, que, lejos de estar elaborados con criterios políticos o económicos, solo están dirigidos a dos objetivos tan patentes como preocupantes: crear y extender la falsa impresión de que la era de restauración política y financiera del Estado, que dirigió Mariano Rajoy, ha quedado atrás; y alimentar el feble consenso parlamentario -la famosa «mayoría Frankenstein»- que mantiene a Sánchez en la Moncloa. Y por eso estamos ante la pavorosa evidencia de que, lejos de depender de sus objetivos y contenidos políticos y económicos, que, aunque siempre son discutibles, permiten establecer consensos básicos, los presupuestos generales para 2019 solo dependen del nivel de chantaje que el Gobierno está dispuesto a asumir de parte de los nacionalismos e independentismos, y, en una medida algo inferior, de los populismos antisistema que tienen al PSOE amarrado por sus trascendentales.

La única duda que existe es si los presos independentistas van a impedir la aprobación de las cuentas de 2019, o si las cesiones de Sánchez, más o menos disimuladas, van a hacer viable su aprobación formal. Por eso propongo que, desde hoy mismo, dejemos de referirnos a los presupuestos para hablar de «presos-puestos», que es, en realidad, lo único que se debate.

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