Desde que la actual ministra de Hacienda tomó posesión de su cargo, nos levantamos una semana sí y la siguiente también con sorprendentes propuestas de reforma fiscal. Muchas de ellas parecen clips de películas que ya hemos visto, y porque solo duran el tiempo que tardan los analistas del ministerio en cuantificar los estragos que causará implementar cada medida que se anuncia. Tras el reciente acuerdo presupuestario entre el Gobierno y Podemos, parece ser que se pondrá en marcha el proceso de creación de nuevos impuestos sobre los servicios digitales, sobre la banca y sobre ciertas transacciones. Pues bien, tanto la globalización económica, particularmente la financiera, como la libre circulación de capitales, mercancías y servicios que sirve de soporte a la arquitectura institucional europea, exigen que novedades fiscales como las anunciadas se acuerden en un plano supranacional, nunca unilateralmente por parte de los Estados, so pena activar una espiral de deslocalización del ahorro difícil de contener. Sobre la base de la embrionaria harmonización de conceptos con dimensión transnacional (por ejemplo, la denominada «presencia digital significativa»), la propuesta de gravar en España a las multinacionales tecnológicas, cuando los servicios se prestan en la nube, los pagos se hacen on line y las empresas carecen de activos tangibles en España, parece un objetivo inverosímil.
Otro de los capítulos que en los cuatro meses de acción de este Gobierno ha estado recurrentemente sobre la mesa es la reforma de Sociedades. Inicialmente se planteó una subida de tipos de gravamen con el fin de alcanzar el equilibrio presupuestario y consiguiente corrección del déficit que imponen tanto Bruselas como el FMI. Alguien en el ministerio debió de advertir que una medida de esta naturaleza restaría competitividad a las empresas nacionales, a la vez que España perdería una gran oportunidad de convertirse en un destino para las firmas británicas que huyen del efecto Brexit. La alternativa fue, mes y medio después, una anunciada reducción del tipo de gravamen del mismo impuesto, pero a costa de ensanchar la base imponible, esto es, de eliminar buena parte de las bonificaciones, beneficios fiscales y reducciones. También esta vez alguien debió de advertir a la ministra de que este modelo supone liquidar parte de las vigentes medidas de política fiscal, algunas de ellas estratégicas, como la relativas al fomento de las inversiones en I+D, al tratamiento especial de los intangibles o a la protección del medio ambiente. Ahora parece que se negocia un tipo mínimo, ya veremos si calculado sobre la base liquidable o el resultado contable...
El IRPF no podía librarse de estar en el centro de la diana. La ministra dijo explícitamente que la elevación del tipo marginal hasta un 52 % era una cuestión de naturaleza política, que formaba parte del acuerdo de Gobierno con Podemos. Nada que decir por nuestra parte ante la altura técnica y rigor financiero de semejante argumento. Lo que nos causa mayor preocupación son dos propuestas que día a día ganan terreno. Una de ellas estriba en eliminar el tratamiento relativo al rescate de planes y fondos de pensiones, y la segunda en suprimir el régimen especial de las sicav. Hay que decir al respecto que ya en tiempos del primer Gobierno de Rodríguez Zapatero se deslizaron medidas afines a estas, y fue el entonces Pedro Solbes, quien, con decidida visión de Estado, silenció definitivamente los rumores. Si durante los tres últimos años el consumo en nuestro país creció anualmente por encima del 12 % y la inversión extranjera productiva neta (la no especulativa) viene rozando un crecimiento anual del 15 %, la adopción de eventuales medidas contrarias a régimen de los planes y fondos de pensiones y de las sicav generaría un éxodo de capitales tal que ningún país de la OCDE podría soportar, y que en el caso concreto de España sería lo último que se merece y le conviene.