El republicanismo catalán ha deslizado su tarjeta de visita por debajo de la puerta de la recepción en el Palacio Real con motivo de la Fiesta Nacional. Por iniciativa de Catalunya en Comú-Podem, el Parlament aprobó una moción de contenidos varios, entre los que figura todo un manifiesto contra la monarquía que obligó al Gobierno central a prometer «medidas legales». Y no es para menos: en lo votado se contiene el rechazo y la condena al rey Felipe VI por su intervención en el conflicto catalán y por lo que consideran respaldo de la Corona a la violencia. Digamos que esa es la disculpa formal para llegar a la conclusión buscada: disolver la monarquía por ser «una institución caduca y antidemocrática».
El hecho es trascendente. Es la primera vez que se hace un pronunciamiento antimonárquico desde una institución representativa y entre aplausos de diputados enardecidos por su convicción republicana. Y es también la primera vez que Podemos y una de sus confluencias adopta y promueve una decisión pública en contra de una parte sustantiva del sistema constitucional. Quizá no sea una casualidad que el acuerdo firmado el mismo día por Pedro Sánchez y Pablo Iglesias contenga el compromiso de despenalizar las ofensas a la Corona.
Naturalmente, nadie tiene la obligación de ser monárquico y, mucho menos, quienes son republicanos convencidos. Esa es su libertad y nadie se la puede negar. Desde el respeto a esa libertad, creo que se imponen al menos tres consideraciones. La primera, sobre Podemos: este partido debiera reflexionar que propugnar la república desde Cataluña es entrar en el juego del independentismo, que puso a la Corona en la diana por ser considerada en la Constitución símbolo de la unidad nacional.
La segunda, que el discurso del rey el 3 de octubre de 2017 puede haber sido imperfecto y, por tanto, criticable. Pero es absurdo atribuirle que defiende la violencia, como hacen los secesionistas. Si al jefe del Estado se le niega el derecho y el deber de denunciar el asalto al orden constitucional y de defender la unidad de la Nación, ¿qué papel le queda? ¿Se quiere un rey que aplauda o asista complacido al levantamiento de los díscolos? ¿Lo haría un presidente de la república?
Y la tercera, que el republicanismo se plantee si este es el momento adecuado para plantear nada menos que un cambio de régimen y abrir con él una crisis del sistema. «Ningún momento es bueno», se me dirá. Y yo responderé que es cierto; pero, al menos, plantéese por los cauces previstos, que no deben ser levantiscos. «Habrá monarquía mientras el pueblo la quiera», dijo una vez Felipe VI. La forma de saber si el pueblo la sigue queriendo es promover la reforma de la Constitución.
Naturalmente, nadie tiene la obligación de ser monárquico y, mucho menos, quienes son republicanos convencidos. Esa es su libertad