Con su anuncio, ayer, de que llevará a las Cortes una reforma constitucional para suprimir aforamientos, Sánchez insiste en un modo de gobernar que no podría ser peor: efectista, improvisado y ventajista. Y así, reiterando su incapacidad para comportarse como un presidente serio y responsable, se saca ahora de la manga una propuesta para cambiar la ley fundamental que, si equivocada en el fondo, supone en las formas patear a los partidos constitucionalistas. Empezando por lo segundo, como la reforma constitucional exige mayorías reforzadas no puede ser nunca política de partido, sino política de Estado. Despreciando esa obviedad, Sánchez ha cogido a los constitucionalistas por sorpresa porque su auténtico objetivo no es lograr el fin que supuestamente persigue la reforma, sino dejar en evidencia al partido sin cuyo apoyo jamás se aprobaría: al PP, cuyos votos son indispensables para obtener los dos tercios del Congreso y la mayoría absoluta del Senado, a su vez imprescindibles para culminar la reforma que, según parece, Sánchez se ha propuesto. No hay que ser un mal pensado para concluir que el propósito de Sánchez no es suprimir los aforamientos, sino acusar al PP de no querer hacerlo.
Lo que nos lleva al fondo del asunto. ¿Deben suprimirse los aforamientos de los diputados y senadores y los de los miembros del Gobierno, blindados en la Constitución y por tanto solo derogables reformando sus artículos 71.3 y 102.1? Creo que no. Y lo creo por una razón que es fácil de explicar: porque esa supresión supondría dejar su eventual imputación en manos de órganos judiciales unipersonales, eliminando, así, la evidente garantía que supone que aquella dependa de órganos judiciales colegiados. Esa es, de hecho, una garantía básica en un país donde se ha convertido en principio político que toda imputación debe traducirse en la dimisión del imputado, lo que ha dado lugar a no pocas injusticias. Y es que la imputación de quien está en la vida pública lleva aparejada una pena, la de banquillo o, si se prefiere, la de la inmediata presunción social de culpabilidad. Puede Sánchez preguntarles a varios dirigentes destacados de su partido -algunos exministros, por ejemplo- y verá lo que opinan sobre la supresión de los aforamientos. Ocurre, claro, que Sánchez va a por lo que va: a utilizar el fuero, la reforma constitucional y lo que sea para defender el sillón que tanto trabajo y tantas deslealtades le ha costado conseguir. A Sánchez, digámoslo claro, el fuero en realidad le importa un huevo.