No hay mayoría suficiente». Así justificó este domingo Pedro Sánchez una de las dos caras de sus primeros 100 días de Gobierno: la del flagrante incumplimiento de la mayor parte de las promesas realizadas desde la oposición, cuando afirmaba que él iba a arreglar todos los problemas de España en cuanto se pusiera las botas de siete leguas del poder. Y aunque es evidente que la otra cara de ese período que solo cabe calificar de desastroso -los constantes bandazos del ejecutivo sobre asuntos esenciales de política nacional e internacional- nada tiene que ver con tan extrema debilidad parlamentaria sino con una insólita ausencia de cualquier proyecto de gobierno que no sea el de aguantar a cualquier precio, no cabe duda que con 84 diputados no hay quien pueda cumplir lo prometido, pues para gobernar se necesita contar con el apoyo de las Cortes. Pero el problema de Sánchez, ¡ay!, no reside solo en la debilidad de quien está en una absoluta minoría sino en algo peor, si cabe: que, para superarla, tiene que echar mano de dos compañeros de viaje que no aceptaría como socios ninguna fuerza socialista en la Europa democrática. Hablo, claro está, de los dos partidos golpistas catalanes (ERC y el PDECat) gracias a cuyos votos triunfó la censura que permitió a Sánchez, tras una componenda de inaudita deslealtad constitucional, llegar a la Moncloa.
Esos dos partidos movilizaron ayer a decenas de miles de catalanes en una Diada que el lunes calentó el presidente de la Generalitat con un discurso que hace inconcebible que su partido pueda ser uno de los que sostienen al Gobierno democrático de España: comparó la situación actual de Cataluña con la que se vivió en la guerra de sucesión a principios del siglo XVIII (un desvarío histórico propio de un lunático), proclamó que su Gobierno está comprometido «con hacer efectiva la república», negó de nuevo que España sea una democracia y reivindicó la plena vigencia de la insurrección independentista: «Lo haremos -dijo Torra- por todos los presos políticos y exiliados y todos aquellos que son perseguidos por defender la libertad de Cataluña y por haber dado la palabra al pueblo en el referendo del 1-O».
Para entendernos, ayer volvimos a contemplar el espectáculo esperpéntico de dos socios esenciales del Gobierno socialista manifestándose contra la Constitución, en la que se asienta su poder, contra las bases sobre las que reposa el Estado de derecho (el respeto a la ley y a las sentencias judiciales) y contra la concordia entre los catalanes nacionalistas y no nacionalistas.
En tal situación política, cuya extrema gravedad sería impensable en cualquiera de las grandes democracias europeas, el reconocimiento palmario del presidente del Gobierno de que «no hay mayoría suficiente» solo puede conducir a una decisión responsable y democrática: convocar elecciones de inmediato.