Algunos, en nuestra inmensa ingenuidad, creíamos vivir desde hace casi cuarenta años en una democracia. Desde que se culminó la Transición, en España ha habido ejecutivos de muy distinto signo político que han gobernando con mayoría absoluta o mediante acuerdos con otras fuerzas. Pero ha tenido que llegar el presidente del Gobierno con menos escaños de toda la historia para explicarnos que no. Que lo que hemos vivido hasta ahora era solo una especie de simulacro de democracia y que la Transición solo acabará cuando la Comisión de la Verdad que el Gobierno de Pedro Sánchez se dispone a crear establezca una versión única y canónica de la historia de España que nadie pueda discutir.
Ya en el siglo pasado el filósofo José Ortega y Gasset acuñó un término que definía a aquellos que cuando llegan al poder se empeñan en hacer tabla rasa de lo anterior para comenzarlo todo de nuevo «sin la mínima seriedad intelectual» y sin consenso: el adanismo. Desde ese punto de vista, Sánchez resulta ser un adanista de libro. El presidente del Gobierno ha considerado oportuno anunciar no en España, esa democracia incompleta, sino en la ejemplar democracia de Bolivia, gobernada por el chavista Evo Morales, que creará una Comisión de la Verdad «con la finalidad de conocer la verdad de lo ocurrido» durante la Guerra Civil y la dictadura franquista y acordar una «versión de país». Con esa comisión, según Sánchez, se conseguirá que «de una vez por todas se cierren las heridas de nuestro país».
No hace falta ser muy perspicaz para saber que, de llevarse a cabo tal empresa, lo que ocurrirá será exactamente lo contrario. Es decir, que se reabrirán heridas que estaban ya curadas o en proceso de sanación. Pero el adanismo de Sánchez es de tal calibre, que arrasa incluso con los planteamientos de otro gran adanista, Rodríguez Zapatero. En 2014, hace cuatro años, al expresidente del Gobierno socialista, impulsor de la Ley de Memoria Histórica, le preguntaron si era necesario crear en España una Comisión de la Verdad. «No», fue la categórica respuesta de Zapatero, que recordó que el consenso alcanzado en la transición fue un «gran acuerdo social» que implicaba precisamente que no se intentara «reconstruir» una verdad «institucional» y mucho menos «judicial».
Establecer cuatro décadas después de la dictadura y 82 años después de que se iniciara la Guerra Civil una verdad única que todos los españoles deban compartir, e incluso acatar bajo amenaza de sanción, según pretende Sánchez, es una insensatez. Pero que esa ilusoria verdad inmutable e indiscutible sobre una de las páginas más negras de nuestra historia pretenda fijarla un Gobierno cuya existencia depende exclusivamente del voto de un partido como Podemos, que reniega de la Constitución de 1978, y del apoyo de todos los partidos separatistas, es una peligrosa irresponsabilidad que solo puede conducir a acabar con el espíritu de la reconciliación surgido de la transición. Algo que en nada contribuirá a la concordia entre los españoles.