La frase «La calle es mía», atribuida falsamente, al parecer, al Fraga que ocupó durante la Transición el Ministerio del Interior, la han convertido en realidad los nacionalistas catalanes («La calle es nuestra») con una acción -plantar por doquier lazos amarillos- cuyo objetivo no es otro que adueñarse del espacio público, expulsando así de él a los millones de ciudadanos no nacionalistas que viven en Cataluña y que son tan catalanes como quienes están obsesionados con privarlos de esa condición. La libertad de expresión, que en democracia debe tener límites muy amplios, cubre, por supuesto, a quienes la utilizan para defender majaderías e ideas peregrinas. La de que en España hay presos políticos y exiliados por razones ideológicas es una de las más estrafalarias que hemos oído en mucho tiempo. Pero, por más que sufra la realidad ante mentiras tan obscenas, no es posible impedir que el sectarismo patológico lleve a los nacionalistas a defender por medios legales a los presuntos rebeldes encarcelados provisionalmente por la comisión de gravísimos delitos y a los fugados de la justicia, considerándolos presos políticos y exiliados y tratando de transmitir así la mamarrachada de que uno de los principales Estados democráticos del mundo sería en realidad una dictadura. Más allá del rechazo político que debiera generar siempre la manipulación de la verdad, nada hay, por tanto, legalmente que oponer a que los independentistas se adornen personalmente con los lazos amarillos de la desvergonzada farsa que han organizado o los cuelguen de los balcones y ventanas de las viviendas o negocios de su propiedad. Sin embargo, lo que desde hace meses lleva haciendo el secesionismo, con esa sistemática opresora típica de todo movimiento autoritario, es algo muy distinto: ocupar con sus lazos plazas, calles, parques, playas y demás lugares públicos, convirtiéndolos así en zona nacional, lo que no deja de resultar paradójico dado que son las propias autoridades secesionistas las que se han sublevado contra el Estado democrático y su legalidad constitucional y estatutaria. Es precisamente ese tan inicuo como insólito objetivo -expropiar por la fuerza bruta de los hechos consumados a millones de pacíficos catalanes no nacionalistas el espacio público que tienen el mismo derecho a disfrutar que los nacionalistas- lo que convierte la política de ocupación con lazos amarillos en una manifestación más del fanatismo y el supremacismo de quienes se consideran con derecho a maltratar a quienes no piensan como ellos. Y es ese mismo objetivo el que convierte en una acción de pura resistencia democrática y de reivindicación de la libertad la de los que, con todo derecho, protestan ante un abuso de poder tan intolerable quitando los lazos amarillos colocados previamente por quienes demuestran tener un alma más negra que el carbón.