La exhumación de los despojos de Franco y su traslado desde Cuelgamuros al panteón familiar, al osario común o al crematorio significa la corrección tardía de una anomalía histórica. Porque resulta una aberración que los huesos del golpista que se alza contra un régimen democrático, del militar que desencadena una guerra incivil y del dictador sanguinario que firma sentencias de muerte hasta el final de sus días sigan entremezclados con los restos de sus víctimas. Rechina a la conciencia que el verdugo presida la santa compaña de los ajusticiados.
Comprendo que este asunto incomode a la derecha. Al PP, desde siempre: parece empeñado en demostrar que los glóbulos azules siguen recorriendo su sistema sanguíneo. No se entienden, de lo contrario, sus titubeos para romper con la longa noite de pedra. A menudo, su balanza se inclina hacia el lado oscuro: Aznar subvenciona a la Fundación Francisco Franco con 150.000 euros, Rajoy lamina la dotación -cero euros- de la ley de memoria histórica, Gallardón olvida el delito de apología del franquismo en su reforma del Código Penal y la mayoría en el Senado tumba la propuesta para ilegalizar una organización fascista. Entretanto, hacer bromas sobre Carrero Blanco puede acarrearte tres años de cárcel, por enaltecimiento del terrorismo y humillación de las víctimas.
Tema históricamente molesto para el PP y coyunturalmente espinoso para Ciudadanos. El partido de Rivera apoyó recientemente la exhumación y ayer cambió de postura. ¿Qué ha pasado? Que cambió el mapa político, que está en curso una guerra feroz por el trono de la derecha y que la estrategia de Ciudadanos consiste en ser más papista que el papa y no menos franquista que el PP de Casado.
PP y Ciudadanos optarán, probablemente, por abstenerse cuando el decreto ley que previsiblemente aprobará mañana el Gobierno llegue al Congreso. No se atreverán a oponerse para no parecer añorantes del viva Franco, arriba España; y porque intuyen que la medida de Sánchez goza del apoyo ciudadano. Y tampoco están dispuestos a romper amarras con el pasado y facilitarle un as de triunfo al espurio presidente.
Tratan de escurrir el bulto con dos argumentos endebles. Sacar el cadáver de Franco del Valle de los Caídos no es un asunto prioritario. La prioridad, añade Rivera, se llama Cataluña. Dilema falaz, porque no se trata de esto o aquello, sino de esto y aquello. ¿Qué políticas o medidas prioritarias se verán entorpecidas por la exhumación de unos huesos?
El segundo argumento, la crítica por la utilización de un decreto ley para blindar el traslado, tiene mayor consistencia. Pero que lo esgrima el PP, pródigo en el uso y abuso de esa norma, parece grotesco. El Gobierno de Rajoy, pese a gozar de mayoría absoluta, aprobó 73 decretos ley en su primera legislatura. Uno de ellos, un macrodecreto de julio del 2014 que ocupó 170 páginas del BOE, modificó de una tacada 26 leyes. Claro, trataba de medidas supuestamente urgentes. Y el de mañana, no: dejemos que Franco descanse otros cuarenta años en su mausoleo.