A efectos de lo que pueda ser el provecho común del conjunto de los españoles, el Gobierno de Pedro Sánchez es un Gobierno que ha nacido muerto. O, más bien, un Gobierno que no ha llegado siquiera a nacer, porque con 84 diputados de 350, y necesitando imperiosamente el voto de los enemigos de España para aprobar cualquier posible medida, es metafísicamente imposible construir prosperidad política y económica para todo el país. Sin embargo, ese Gobierno nonato ha sido capaz, en apenas 80 días, de agravar hasta límites inimaginables hasta hace poco la gravedad de la situación en Cataluña. La política de apaciguamiento con el separatismo que ha puesto en marcha Sánchez, unida a la posverdad que nos colocan cada día sus aliados mediáticos, puede llevar a algunos a creer que las cosas están mejorando. Pero está sucediendo exactamente lo contrario. Si el desafío secesionista era una fuente inagotable de grave conflicto político y judicial, ahora es directamente un problema del que no es descabellado empezar a tener miedo. Escuchamos estos días en boca de los líderes independentistas expresiones de odio y ataques directos a España y a todas sus instituciones que no se habían producido ni siquiera en los momentos más tensos del llamado procés y del surrealista mandato de Carles Puigdemont. Un lenguaje que remite ya a conceptos cercanos a la incitación a la violencia, que desde el Gobierno no solo se tolera sino que se trata de hacer pasar por algo irrelevante. «Tenemos que volver al lugar del crimen, volver a los colegios y alguna cosa pasará», ha dicho con desvergüenza Jaume Alonso Cuevillas, abogado de los golpistas presos y de los forajidos secesionistas catalanes huidos de la justicia. Y si una persona cuyo oficio es la ley es capaz de pronunciar una atrocidad como esa sin que nada suceda, no es difícil imaginar qué es lo que dicen, piensan y preparan aquellos que han hecho del pisoteo de las leyes y de la Constitución españolas su forma de vida y su fuente de ingresos.
La situación en Cataluña es ahora infinitamente peor que hace dos meses y medio, porque si lo que había antes era un intento de golpe desde el poder que tuvo consecuencias jurídicas y acabó con una parte de los golpistas en prisión preventiva, lo que hay ahora es impunidad y barra libre para el discurso antidemocrático. Por ejemplo, para que un presidente de la Generalitat llame a los independentistas a «atacar al Estado» español sin que nadie parezca ya escandalizarse por semejante barbaridad. Frente a esa clara apología golpista, todo lo que se le ha ocurrido responder a la vicepresidenta del Gobierno, Carmen Calvo, que por increíble que pueda parecer es doctora en Derecho Constitucional y profesora en excedencia de esa materia, es que «con una frase inaceptable no se ataca al Estado». La banalización del mal, la aceptación resignada del discurso del odio y del ataque a la democracia y el Estado de derecho es siempre un paso previo a situaciones que han conducido a las etapas más negras de la historia, no solo en España.