Caso másteres: justicia y política

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Pablo Casado, como, antes que él, tantos políticos de todos los colores, tiene derecho a quejarse de la exasperante lentitud de la justicia, que va a mantenerlo durante meses en eso que ha dado en llamarse un limbo judicial, lo que se traduce en realidad en un infierno: el que sufren quienes estando protegidos por la presunción de inocencia, quedan indefensos frente a una más o menos extendida presunción social de culpabilidad, contra la que puede poco o nada la primera.

Y si hay muchos pleitos en los que por su complejidad, legal y material, tal situación resulta desgraciadamente inevitable, no parece ser este el caso que afecta a Casado y a otras personas de su partido en pareja situación. Más bien resulta incomprensible que una causa que, por su naturaleza, debería poder resolverse judicialmente en cuestión solo de semanas, lleve meses coleando y pueda colocar la cabeza del nuevo líder del PP bajo una espada de Damocles hasta que, después del verano, el Tribunal Supremo decida tomar una decisión que limpie su nombre definitivamente o lo fuerce, sin posible alternativa, a dimitir.

Si aconteciera lo segundo, no solo el Partido Popular entraría en coma político profundo, sino que quedaría en evidencia la gravísima irresponsabilidad personal de quien se presentó a un cargo de extraordinaria relevancia sabiendo, porque no podía no saberlo, que había cometido una irregularidad capaz no solo acabar con su carrera (un problema de dimensión estrictamente individual), sino de afectar también inevitablemente a millones de personas: los votantes de un partido al que Pablo Casado habría llevado, a sabiendas del alto riesgo que corría al pelear por el cargo que ganó, a un auténtico desastre.

Si, por el contrario, el Tribunal Supremo da carpetazo al asunto, alguien debería responder en el poder judicial del gravísimo daño causado, sin que existieran motivos para ello, a un ciudadano, al PP, al conjunto del sistema de partidos y, en suma, a nuestro sistema democrático al completo.

La independencia judicial es tan consustancial al ejercicio del poder jurisdiccional que sin ella no podría existir el Estado de derecho. Pero la independencia tiene que llevar aparejada la responsabilidad. Así se lo señalaba a los jueces ya en 1872 el gallego Eugenio Montero Ríos, a la sazón ministro de Justicia y padre de la primera ley española del poder judicial: «Sois inamovibles. Pero entendedlo bien, sois inamovibles en vuestro cargo, porque sois responsables de vuestros actos».

Solo de este modo pueden los jueces, figura clave de arco del control jurídico del poder político en los modernos sistemas democráticos, ejercer adecuada y cabalmente sus importantísimas funciones, que deben estar limitadas por la responsabilidad para evitar convertirse en una patente de corso con la que causar más daños de los que tienen la obligación de evitar y, llegado el caso, de sancionar.

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