Con el cambio de una parte del accionariado, un político del Gobierno de la Xunta ha sugerido que la transferencia de la Autopista del Atlántico es «más necesaria que nunca para controlar a los nuevos dueños» y enfatiza así el interés por la negada transferencia de su titularidad al Ejecutivo gallego. Y ello coincide, con independencia de los dueños, con lo señalado por el economista y político Luis Garicano: «Un estado moderno necesita un sector público fuerte e independiente, con reguladores que defiendan a los ciudadanos y empresas y agencias públicas capaces de competir con lo mejor del sector privado».
Garicano sostiene en El dilema de España que nos enfrentamos a una encrucijada que exige cambios importantes en: la educación, las instituciones económicas, y las instituciones políticas, para incrementar la calidad de nuestras élites y que de verdad rindan cuentas ante los ciudadanos. Todo ello en un marco anclado en el capitalismo, el precio y los mercados. Por ello, cuando critica el uso de la Administración o la empresa pública por parte de los partidos políticos, le asiste razón al señalar tal uso como uno de los grandes daños al Estado y a lo público. Sin embargo, es cicatero en sus señalamientos. Los daños no son exclusivos de los partidos políticos o los sindicatos, pues a ello se suman entidades financieras, corporaciones industriales, lobbies y todos cuantos prefieren usar de sus privilegios para obtener rendimientos a costa de un detrimento de lo público.
No todo termina ahí, ni siquiera empieza. Lo amplía la economista italo-norteamericana Mariana Mazzucato en los objetivos de su estudio sobre El estado emprendedor: es más necesario que nunca preguntarse por el papel del Estado en la economía, debido a su importante retirada en la mayor parte del mundo, amparado en la reducción de la deuda y bajo el mantra de una economía más dinámica, competitiva e innovadora. Estos papeles se le asignan a la empresa privada, mientras el ente que engloba la organización y estructura del país se predica como burocrático, inercial y represivo. Marco que se ha impuesto en la citada visión del Estado, de las administraciones y las empresas públicas, por más que la realidad indica que el Estado desempeña un papel de emprendedor.
Por ello en España conviene recordar el fracaso del informe Comisión para la Reforma de las Administraciones Públicas(Cora). Una de la promesas estrella, y no por ello menos acertada, del primer gabinete Rajoy que lamentablemente llevó a magros resultados. A pesar de las 222 medidas propuestas por esa comisión entre ellas la creación de la oficina para la ejecución de la reforma de la administración (Opera), quién alardeó de haber implantado 193. Un seguimiento y estudio de este nuevo fracaso de reforma de las administraciones merecería un demorado análisis. Pues como se ha podido ver recientemente ni el C ni la Opera han logrado que denuncias, como las formuladas por Luis Garicano, sobre el mal uso y la ineficaz gestión de lo público, hayan quedado fuera de lugar. Más allá de la viga propia y la paja ajena.