Una huelga en el filo de la ley


Ryanair es uno de los grandes éxitos de los últimos tiempos. En España lleva veinte años operando y consiguió quedarse con la mayor parte del mercado. En el 2017 movió a más de 38 millones de viajeros en España y conquistó el liderazgo del sector. Sus precios baratos socializaron el transporte aéreo y lo pusieron al alcance de la mayoría. Hoy resulta más barato volar entre ciudades de España o de Europa que pagar un taxi hasta el aeropuerto.

Por esa razón una huelga de Ryanair es un acontecimiento de gran repercusión y de extraordinario impacto en la economía de un país. La de estos días castiga al sector turístico por las decenas de miles de personas a las que ha dejado en tierra. Como siempre ocurre, las huelgas en los servicios públicos se convocan cuando pueden asustar y provocar más perjuicios a la empresa y al público. Esa es su fuerza coactiva. Un paro en una compañía aérea en el mes de febrero no tiene la misma repercusión que en temporada alta.

Más allá de la huelga y su seguimiento, hoy se imponen algunas consideraciones. La primera es sobre la legislación que se aplica al personal, aunque sea español y resida y trabaje en España. Como se sabe, Ryanair aplica las leyes de Irlanda, que es su nacionalidad. Eso tiene que ser inconstitucional. El Estado no debiera autorizar la actividad de una multinacional que utiliza el derecho según su conveniencia y contradice el principio de igualdad de todos los ciudadanos ante la ley. Recuerda el caso de las tecnológicas que obtienen aquí sus beneficios y pagan sus impuestos en otro lugar, muchas veces en paraísos fiscales.

La segunda es sobre el cumplimiento de los servicios mínimos. El decreto de Fomento establece que sean del 100 % en el transporte entre las islas y entre estas y la península, y a mediodía de ayer no se habían cumplido. Sea culpa de los trabajadores o de la compañía, esto no puede quedar impune. A una empresa que necesita licencias del Estado y que presta un servicio esencial en las islas no se le puede permitir bajo ningún concepto esa violación de las normas.

La tercera es la indemnización a los pasajeros afectados. Ryanair sostiene que no tiene por qué devolver más que el importe de los pasajes, pero sí tiene que devolver mucho más: los trastornos, el valor del tiempo perdido y los daños morales. Las leyes europeas son taxativas y la defensa del consumidor está por encima del beneficio de una empresa oportunista. Y por si faltara algo, Ryanair ofrece como teléfono para los perjudicados un 902 de alto coste. Una de dos: o quiere que nadie proteste, o pretende cubrir pérdidas con un teléfono de pago. En este punto toda la historia se empieza a parecer a un choriceo.

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