Por si no hubieran sido suficientes cuatro décadas de dictadura del Baaz, la destrucción y ruina provocada por tres guerras -contra Irán de 1980 a 1988, la del Golfo de 1991 y la invasión internacional de 2003-, por veinte años de embargo internacional, por una guerra civil soterrada bajo la eufemística calificación de conflicto sectario y por la invasión de Dáesh del tercio norte en 2016 ahora los iraquíes deben afrontar las consecuencias de la lacra que asola el país: la corrupción.
De los 180 estados que supervisa Transparencia Internacional y siendo el número 1 el menos corrupto, Irak ocupa el puesto 169. Según el Ministerio de Planificación de Irak, el país cuenta con 37 millones de habitantes y un ratio de crecimiento anual del 2,61%. El 59% de la población tiene menos de 19 años y cada año se gradúan unos 45.000 jóvenes que engrosan las listas del paro. En cuanto al desempleo las cifras varían según los organismos que lo evalúen, la ONU estima que es del 11% frente a otros que lo elevan al 16% y hay quien, incluso afirma que es el doble de los más de 636.000 registrados oficialmente.
La inestabilidad y la inseguridad desincentivan la inversión de capital extranjero y la dependencia económica en la producción del petróleo han dejado seco al sector privado que es incapaz de emplear a más del 40% de la mano de obra. La Comisión de Transparencia del Parlamento iraquí estima que en 15 años de democracia han desaparecido más de 320.000 millones de dólares de los presupuestos públicos, lo que obviamente ha impedido la reconstrucción y reactivación económica.
No puede sorprender pues que tras dos años de protestas intermitentes, los iraquíes salgan a las calles gritando ¡Kafi! -bastante- y reclamando un cambio cuando han pasado dos meses desde las últimas elecciones y todavía no se ha finalizado el recuento oficial.